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Por Juan R. Hernández
Al instalar la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, su presidenta, la diputada Ana Buendía, ha reconocido el esfuerzo de las autoridades en su labor de apoyo a quienes más lo necesitan. Al formalizar esta comisión, enfatizó la importancia de mantener una comunicación abierta, asegurando que las víctimas recibirán el respaldo y la asistencia que merecen.
La tarea de esta comisión es clara: reivindicar los derechos de las víctimas. Para ello, Buendía García propone una serie de acciones cruciales: profesionalizar a los servidores públicos, perfeccionar la ley en materia de atención a víctimas y promover la empatía y solidaridad. “Lo que ellas quieren es una solución a sus situaciones”, destacó.
Esta declaración resuena en un contexto donde la violencia, la impunidad y la falta de recursos son desafíos constantes.
En un plano paralelo, la diputada Rebeca Peralta León también se ha comprometido a abordar las condiciones de las personas privadas de su libertad en la Ciudad de México. Con más de 25 mil internos en nuestras cárceles, es esencial que la III Legislatura establezca una agenda que atienda sus necesidades. Peralta León planea retomar los recorridos por los centros de reclusión para diagnosticar las condiciones en las que se encuentran y proponer políticas públicas adecuadas.
Es lamentable que, en las legislaturas anteriores, la atención a las personas en reclusión no haya sido prioridad. La desaparición de la Comisión Especial de Reclusorios es un recordatorio de que hay áreas que requieren urgentemente atención. La nueva dirección legislativa tiene la oportunidad de cambiar esta narrativa.
La reivindicación de las víctimas y la atención a los reclusos deben ir de la mano. Ambos grupos requieren políticas que no solo aborden sus necesidades inmediatas, sino que también promuevan una transformación estructural en nuestra sociedad.
