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Por Juan R. Hernández
Los sismos de 1985 y 2017 no solo sacudieron la Ciudad de México, sino también desnudaron la corrupción entre autoridades locales y empresas inmobiliarias, particularmente en la Alcaldía Benito Juárez. En esa zona, cientos de familias perdieron a un ser querido o su patrimonio, debido a la negligencia y ambición de un grupo político que disfrazó su enriquecimiento como progreso.
Fue la reflexión de la vicecoordinadora de Morena, Brenda Ruiz Aguilar, en una sesión solemne del Congreso capitalino para conmemorar los sismos del 19 de septiembre.
Desde la tribuna, Ruiz Aguilar fue clara: “No engañemos a nadie, hay elementos sólidos para las detenciones de exfuncionarios y aún hay prófugos. La corrupción inmobiliaria no es un invento, es un mal que costó vidas y destruyó hogares”.
Esta denuncia no es nueva, pero la magnitud del daño es incalculable. La proliferación de construcciones irregulares en Benito Juárez es un reflejo de la ambición desmedida de unos pocos, que antepusieron sus intereses sobre la seguridad y bienestar de la ciudadanía.
La diputada enfatizó que Benito Juárez ha dejado de ser “el mejor lugar para vivir”, como muchos solían pregonar. “Que nunca más la avaricia ponga en riesgo la vida y el patrimonio de los capitalinos”, sentenció. La lucha contra la corrupción inmobiliaria, dijo, “habrá de terminar victoriosa”.
El 19 de septiembre es una fecha que ha quedado marcada en la memoria colectiva. Si bien es una tragedia, también fue un parteaguas que sembró la semilla de la cultura de la prevención.
Desde el sismo de 1985, se ha trabajado en nuevas disposiciones, como el Reglamento de Construcciones y la implementación de la alerta sísmica, así como simulacros que hoy son fundamentales para estar preparados ante futuros desastres.
Para Ruiz Aguilar, el sismo de 1985 no solo marcó un cambio en la protección civil, sino también un despertar social que evidenció las fallas de un gobierno incapaz de proteger a su gente.
