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Por Eduardo López Betancourt
La Suprema Corte, al final de cuentas, está sujeta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que está por encima de cualquier duda, planteamiento y opinión. Nuestra Carta Magna ha sido modificada debidamente.
El Poder Ejecutivo envió una iniciativa de ley al Poder Legislativo, y ambos cumplieron con los tiempos y formas establecidos. De esta manera, el poder constituyente permanente, es decir, el Congreso de la Unión, realizó cambios en la conformación del Poder Judicial, en particular, respecto a su cabeza. Ya no estarán encabezados por 11 ministros, sino por 9. Además, la forma de designación no será a través de los órganos ejecutivo y legislativo, sino que se elegirán mediante votación.
Estas modificaciones implican que el Poder Judicial tendrá el mismo origen que los otros dos poderes; esto significa que será el pueblo quien elija a los ministros, magistrados y jueces. Sin embargo, es fundamental que los candidatos cumplan con requisitos específicos. No se puede votar a un abogado sin experiencia y recién titulado para ocupar el alto sitial de Ministro de la Corte. Se requiere una persona con experiencia, capacidad y, sobre todo, honorabilidad. Es indispensable que los candidatos hayan pasado por un tamiz previo que exija calidad y competencia.
De esta manera, se puede asegurar que los elegidos sean los mejores y más honestos. No nos dejemos llevar por la idea de que cualquiera puede ocupar estos cargos; no podemos entregar la vida, el patrimonio y el honor a un juez incapaz, inexperto o corrupto. Es hora de superar la actitud negativa y considerar que la voluntad popular es una circunstancia que debe operar de manera absoluta.
Debemos alimentar nuestro espíritu de que todo cambio es para bien. Es momento de alzar la mirada y buscar avanzar con este nuevo planteamiento. Los jueces, magistrados y ministros de la Corte deben ser electos por el pueblo, al igual que diputados, senadores, Presidente de la República y gobernadores.
