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Incertidumbre jurídica cae sobre espacios donde pueden ejecutarse obras públicas y con riesgo de privatización
Omar Montalvo
Ciudad de México. – El pasado 19 de julio se aprobó la nueva Ley Ambiental de la Ciudad de México con una serie de normativas que sitúan la incertidumbre jurídica de las áreas verdes ante varios escenarios. Uno de estos es con la eliminación de normativas que establecían el cuidado de los parques, jardines, arboledas y similares, pues representan miles de hectáreas en suelo capitalino.
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), existen 25 mil 729.91 hectáreas de áreas verdes bajo su resguardo, según indican solicitudes de información en las que se pidió la superficie de parques y jardines bajo la dependencia capitalina.
Sin embargo, la superficie que reportó la Sedema también incluye las barrancas. Sobre este tipo de espacios el anterior artículo 88 bis 2, señalaba “deberán conservar su extensión y en caso de modificarse para la realización de alguna obra pública deberán ser compensadas con superficies iguales o mayores a la extensión modificada, en el lugar más cercano”. En la nueva ley esta disposición no existe.
Entre 2020 y 2024, los parques, jardines y espacios verdes que están a cargo de la Sedema, tuvieron varias obras públicas, aunque se trataron de seis rehabilitaciones en las sierras de Guadalupe y Santa Catarina, al Cerro de la Estrella, Parque ecológico de la CDMX, un tramo del Río Magdalena y un jardín. Mientras que en el mismo periodo se ejecutaron tres obras que modificaron la superficie al tratarse de nuevas construcciones.
Por parte de las alcaldías, los proyectos generados son similares, además de que denotan una recurrente intervención sobre los parques y jardines, lo que podría aumentar al quedar eliminadas las disposiciones de mantener las áreas verdes.
Entre 2020 y 2024 se llevaron a cabo 28 obras públicas en Álvaro Obregón, 20 en Azcapotzalco, nueve en Cuauhtémoc, 28 en Iztacalco, 46 en Miguel Hidalgo, 18 en Tlalpan y 73 en Venustiano Carranza, por mencionar algunos casos. Mientras que los espacios verdes se encuentran en la incertidumbre jurídica, la comunidad de pueblos y barrios originarios han denunciado la misma situación ante proyectos de obra sobre áreas de valor ambiental.
Uno de estos casos ocurre en el bosque de La Cañada, donde la inmobiliaria Grupo Frisa trató de ingresar para construir un parque natural, que por el descontento de la población aledaña, se frenó el proyecto, pero sin dar certeza jurídica, aún frente a la nueva ley que es más permisiva ante obras de este tipo.
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