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Por Ricardo Sevilla
Testimonios desgarradores de hombres y mujeres revelan la rampante corrupción que impera en los juzgados familiares de la Ciudad de México. Desde jueces que favorecen a deudores alimentarios hasta magistrados que colocan a decenas de familiares en puestos clave, el sistema judicial capitalino demuestra que está podrido hasta la médula.
“El Protector de los Agresores”
El juez 42º de lo familiar, Mirsha León Carmona, ha despertado la indignación de varios contingentes de mujeres que padecen violencia de género. El juzgador es seriamente cuestionado por sus polémicas decisiones judiciales. Una mujer que padece violencia vicaria, por ejemplo, lleva 11 años luchando por recuperar a su hija, perdiendo su patrimonio y salud mental en el proceso.
Otras afectadas señalan que el juez León Carmona cobra por quitar la custodia a las madres y ayuda a los deudores alimentarios a ocultar bienes.
Jueces recomendados con “palancas arriba”
Le doy otro ejemplo: un hombre que enfrenta un juicio testamentario desde hace tres años denuncia que los juzgados están “anegados de corrupción”. Y asegura que le han pedido “dejar aquí y dejar allá” para agilizar el caso, pero los “jueces recomendados” con “palancas muy arriba” no resuelven.
Otra mujer acusa a la jueza 11 de lo familiar de resolver todo a favor de su agresor, un prominente constructor.
Sobornos y nepotismo
Lamentablemente, no es el único caso. Otra mujer denuncia que el juez 12 de lo familiar, Carlos Enrique Sánchez Aparicio, le habría pedido un soborno. Al denunciarlo, nos dice, la brincaron al juzgado 35 y su proceso se alargó seis meses, pues el juez hizo “trato” con la expareja. Pero la corrupción no se limita a los juzgados. Un estudio revela que casi la mitad de jueces y magistrados federales tienen familiares trabajando en el Poder Judicial, llegando al 82.6% en Guanajuato.
Infelizmente, los testimonios se acumulan, mostrando la ineficacia y corrupción del sistema judicial. Cientos de ciudadanos de a pie denuncian haber sufrido las corruptelas de juzgadores que favorecen a agresores y violentadores dejando desprotegidos a las personas más vulnerables. Urge una profunda reforma que acabe con estas prácticas inaceptables. ¡Y ya fue aprobada!
