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Por Juan R. Hernández
Martí Batres ha dado pasos significativos con cinco propuestas legislativas que buscan transformar el panorama urbano, social y económico de la capital. Estas iniciativas no solo representan medidas prácticas, sino que también muestran su capacidad para abordar problemas complejos de manera directa.
Primero, Batres ha decidido enfrentar uno de los problemas más evidentes en la capital: la proliferación de “chelerías” y otros establecimientos irregulares. La propuesta de imponer sanciones más eficaces a quienes violan los sellos de clausura es un paso necesario. No es raro ver cómo los sellos son rotos sin que haya consecuencias reales. Con esta reforma, se busca poner fin a esa impunidad que afecta el orden urbano y la calidad de vida en barrios donde estos negocios proliferan.
Otra propuesta es la reforma para otorgar un apoyo económico vitalicio a los medallistas paralímpicos. Es un gesto que va más allá de la simple política, reconociendo el esfuerzo sobrehumano que estos atletas realizan. No solo compiten en condiciones iguales, sino que superan obstáculos adicionales por sus discapacidades.
En cuanto al bienestar social, Batres ha subrayado la responsabilidad del Estado. Proponer que este derecho quede establecido en la Constitución de la Ciudad de México es una apuesta por el futuro. En tiempos de desigualdad creciente, que el gobierno asuma el papel de garante del bienestar de sus ciudadanos es fundamental.
La cuarta iniciativa, enfocada en regular las rentas a corto plazo, también toca una fibra sensible. Plataformas como Airbnb han sido acusadas de fomentar la gentrificación, desplazando a habitantes locales y encareciendo la vivienda. Limitar el uso de viviendas de interés social para estos fines comerciales es una medida necesaria para evitar que el mercado inmobiliario termine por excluir a quienes más lo necesitan.
Finalmente, la reforma a la Ley para la Reconstrucción Integral de la CDMX es una solución pragmática a un problema latente: los departamentos vacíos tras los sismos de 2017. Permitir su venta o renta mientras no sean vendidos es una medida sensata que evitará que estos inmuebles se deterioren y que, al mismo tiempo, proporcionará ingresos que pueden ser utilizados para futuros proyectos de reconstrucción.
