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Por Juan R. Hernández
“Boicot” es una palabra que cada vez suena más en los círculos del Poder Judicial.
Los trabajadores, aunque tienen el derecho a protestar, deben recordar que este derecho no puede atropellar el de los ciudadanos.
Tras perder la votación en la Cámara de Diputados y el Senado, ahora estos grupos han llevado sus protestas a un nuevo nivel, tratando de impedir que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tome protesta el 1 de octubre.
El panorama se torna alarmante.
La reciente actuación en la Cámara Alta y la difusión de chats entre trabajadores, revelando instrucciones para “levantar a senadores”, muestra que están dispuestos a todo para conservar sus privilegios. En lugar de buscar el diálogo, optan por la toma de edificios y el secuestro de fechas clave, como el 15 y 16 de septiembre o el 1 de octubre.
El jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, ha defendido la reforma al Poder Judicial, destacando el “voto popular” y la “Austeridad Republicana”.
En su conferencia de prensa, Batres felicitó a los legisladores por el debate y la aprobación de esta reforma. Criticó a los conservadores por su resistencia al voto popular, argumentando que su oposición tiene raíces monárquicas. Recordó que, en el pasado, los conservadores en México restringían el voto a una minoría selecta: solo blancos, propietarios y hombres de cierta edad podían votar.
Batres también destacó que la reforma promueve la “Austeridad Republicana”, citando a Benito Juárez al recordar que los trabajadores del Poder Judicial deben vivir “en la justa medianía”.
En suma, mientras algunos tratan de boicotear el proceso democrático, la reforma al Poder Judicial se presenta como un paso crucial hacia una mayor equidad y justicia en México.
