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Por Eduardo López Betancourt
Tengamos presente que la denominación de lo que fue el Ministerio Público, siguiendo el derecho anglosajón, se les llamó Fiscalías. Con ello se pensó, se acabaría la putrefacción de estos centros, que han sido un obstáculo para lograr la correcta administración de justicia.
La esencia del Ministerio Público se encuentra en su propia definición: “Representante social de buena fe”. Con el tiempo, tan importante concepción alcanzó niveles patéticos de corrupción, a través de los Ministerios Públicos se cometieron abusos al por mayor, donde “meter a la cárcel” mediante “mordidas”, fue lo usual y en el mismo renglón, infinidad de actos de impunidad.
Acudir a una agencia del Ministerio Público se convirtió en un evento de gran angustia, temor fundado y mucho más, de absoluta ineficacia, con lo cual, las críticas abundaron, pero lejos de resolver el problema, a nuestros “santones” del derecho se les ocurrió cambiar el nombre y así, insistimos, se acudió al derecho anglosajón para precisar que en adelante se les denominaría Fiscalías. Esta modificación, bajo ningún concepto resolvió el problema, dando por resultado que las nuevas Fiscalías se han mostrado más deplorables de lo que fueron los Ministerios Públicos.
En diversidad de casos, los titulares de estas dependencias son ineptos, faltos de profesionalismo y lo peor, utilizan su poder para saciar intereses personales. De esto último, el mejor ejemplo lo observamos a nivel federal, donde quien dirige tan importante organismo, cínica y descaradamente ha dado rienda suelta a sus pasiones, venganzas, odios y sus complejos en su falta y reconocimiento de identidad.
En este renglón del Poder Judicial Federal, que tomará nuevos rumbos, es indispensable también buscar que los Fiscales sean electos por el pueblo.
