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Por Sebastián Ramírez Mendoza
Estamos viviendo como país una afrenta sin precedentes del conservadurismo contra la voluntad del Pueblo, pero esto no debe sorprendernos. La transformación que representa la Reforma Judicial equivale a las consecuencias que tuvieron en su momento las Leyes de Reforma de Juárez. Es natural la resistencia de los grupos oligárquicos. Afortunadamente y contrario a la tradición de la derecha, la reforma al Poder Judicial la conquistaremos por la vía pacífica y democrática.
Lo que sucedió esta semana en San Lázaro, desde donde se reportó la presencia de personas armadas en la protesta contra la Reforma, evidencia a una derecha violenta y reaccionaria. Lejos de interesarse por el diálogo, que no faltó en la elaboración del proyecto de Reforma, la prioridad de los representantes de la oligarquía era impedir por cualquier vía posible la discusión legislativa, intimidar a nuestros diputados y diputadas, y hacer creer que las grandes mayorías se oponen a reformar al poder más opaco y corrupto que tenemos. Sin embargo, ni con todas las notas y columnas que los ministros de la Suprema Corte paguen a pseudo periodistas a sueldo, lograrán manipular a la gente. No han entendido que ya no son los tiempos de antes, el Pueblo está más informado y consciente que nunca.
A pesar de que existe un claro mandato popular -expresado en cerca de 36 millones de votos- para avanzar con el Plan C y especialmente con la Reforma al Poder Judicial, Norma Piña, la presidenta de la Corte, ha decidido cerrar los tribunales federales por primera vez en la historia de México a modo de protesta.
La derecha tuvo oportunidad de dialogar en todos los debates y foros que se celebraron en todas las regiones del país sobre la Reforma, incluso se retomaron los cambios propuestos por quienes estuvieron dispuestos a contrastar puntos de vista en las más de 90 modificaciones que tuvo el dictamen final. No reconocerlo es entregarse por completo a la mentira y a la deshonestidad. La Reforma Judicial es urgente para nuestro sistema de impartición y acceso a la justicia. Ni la violencia ni los intereses económicos la van a impedir. Ayer se aprobó con 357 votos a favor y solo 130 en contra.
