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Por Eduardo López Betancourt
Tal como lo precisamos en la anterior publicación, de continuar con el reparto de diputaciones y senadurías “de partido”, uno de los tres poderes de gobierno sufrirá un cambio trascendental, el cual consiste en la elección de jueces en forma directa, mediante voto popular.
En la actualidad, tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, son electos por el pueblo, con la salvedad de que no todos los diputados, ni senadores, son producto de las urnas, sino consecuencia de los porcentajes de votos que han obtenido en el proceso electoral; el caso de excepción, de manera absoluta, es el Poder Judicial, encargado de juzgar y dictar sentencias. Todos los jueces del País, sea a nivel local o federal, en términos generales, son nombrados tanto por el Poder Ejecutivo, como por el Legislativo y en buena medida, también, dentro de esta tónica, los jueces superiores elijen a los menores, pero el planteamiento que ha formulado en su Iniciativa el actual Mandatario, es que, todos quienes imparten justicia, insistimos, deben ser electos por el pueblo. Sin duda, tal proyecto ha causado incomodidad en diversos sectores, particularmente entre los jueces federales, quienes, como protesta, se han declarado en “paro”. La situación se vuelve compleja y barruntos estarán presentes en los últimos días del sexenio, circunstancia que esperemos, no tenga efectos negativos. Por el momento, ya se han dado expresiones del exterior, con críticas contundentes al proyecto de López
Obrador, todo ello impulsado porque también en el interior del País, existe repudio de algunos sectores para con la idea de que sea el pueblo quien elija a los juzgadores.
Es necesario que la prudencia, el dialogo y el buen entendimiento se presenten. Ahora más que nunca, los sectores están obligados a unir fuerzas para que en México reine la concordia y que todo se canalice para el bienestar de la comunidad y para mantener el prestigio de nuestra nación.
