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Por Eduardo López Betancourt
El mandato del Lic. Andrés Manuel López Obrador, que se esperaba fuera exitoso, mantiene fenómenos preocupantes, particularmente los ámbitos políticos y jurídicos. En el primero, por la repartición de diputaciones y senadurías “de partido”, esto es, que no son producto de una votación, sino que se sustentan, en los porcentajes que el electorado ha otorgado a los distintos grupos políticos. Así, de 300 diputados electos por el pueblo, se agregan 200, por lo que bien podemos llamar “concesiones políticas”.
Lo anterior, también lo observamos en el Senado. De pronto, de tener 64 senadores, se eleva a 128, de ellos, 32 se convierten en afortunados legisladores, sin jamás haber sido “votados por el pueblo”; los otros 32 son los que ocuparon un segundo lugar en el proceso de las urnas. Esta composición poco digna, así la establecen las leyes y es precisamente donde se ha dado una conflictiva severa, ya que, para algunos partidos, en particular los “perdedores”, consideran que las diputaciones y senadurías se han dado de manera injusta y precisan que se favoreció a MORENA. De esta forma, alcanza la capacidad para no tomar en cuenta a partidos minoritarios, cuya presencia en las Cámaras resulta inútil y hasta decorativa.
Acorde al reparto actual, MORENA y sus aliados (PT y el Verde Ecologista) pueden hacer cambios, inclusive a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los partidos pequeños se sienten afectados y aseguran que MORENA y sus aliados enfrentan la característica de la “sobre representación”. Esta circunstancia ha provocado que, si continúa el actual reparto de diputados y senadores, la propuesta del Presidente de la República sobre la elección de jueces de manera directa, prosperará sin límite alguno. En la próxima parte continuaremos con este tema.
