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Frente a la escasez del recurso hídrico que vive el Estado de México, en Ixtlahuaca la administración privilegia a solo algunos con líquido
Mario López
En el municipio de Ixtlahuaca, vecinos acusan a Edith Lara Martínez, tesorera del comité de agua en la comunidad de San Joaquín El Junco, de aprovechar su relación cercana con el presidente municipal del PRI, Abuzeid Lozano, para obtener beneficios en el suministro de agua.
Según los habitantes, hace unos meses, la señora Lara Martínez abrió una calle sin permiso para instalar una toma de agua de 4 pulgadas, exclusivamente para su uso personal, lo que ha generado indignación y preocupación entre los vecinos.
La apertura de la vía, que permanece sin reparación, representa un riesgo significativo para la seguridad de la comunidad. Los residentes afirman que han solicitado a la tesorera que repare la calle, pero su respuesta ha sido despectiva y altanera, al argumentar que su cercanía con el presidente municipal le otorga el derecho de actuar sin restricciones.
Este caso de presunto favoritismo no es un hecho aislado en el municipio. Durante el Segundo Informe de Resultados, el presidente municipal Abuzeid Lozano Castañeda informó que se había destinado una inversión histórica de 429 millones de pesos en obras, sin que detallara cuánto fue el recurso en materia de agua.
Sin embargo, ante las condiciones actuales, la población duda que dicha inversión haya sido real, pues en diversas comunidades, como en San Bartolo Oxtotitlán, el agua que reciben por la mañana parece “té de canela” y por la noche “café negro”.
A la par los comuneros denuncian que la calidad del agua es muy mala, sobretodo en las mañanas y las noches, lo que incrementa la desconfianza en la gestión municipal.
Este contexto ha incrementado la preocupación entre los habitantes de Ixtlahuaca, quienes temen que el favoritismo en la distribución del agua continúe, beneficiando solo a aquellos cercanos al poder.
Por ello, exigen que las autoridades municipales tomen medidas inmediatas para garantizar que el acceso al agua sea equitativo y no se vea influenciado por relaciones personales o políticas.
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