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ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.
El edil electo de Álvaro Obregón obtuvo varios contratos con los gobiernos de Baja California y Sinaloa para su empresa SPI
OMAR MONTALVO
GRUPO CANTÓN
La actividad empresarial de Javier López Casarín, alcalde electo de Álvaro Obregón, está marcada por los contratos que recibió, en el sexenio pasado, de los gobiernos de Baja California y Sinaloa, los cuales le representaron ganancias por 567 millones de pesos.
A pesar de que su firma fue sancionada por irregularidades en los contratos, forma parte de los posibles proveedores del gobierno sinaloense, que encabeza Rubén Rocha Moya.
La empresa es Soluciones y Programas Integrales SPI y en su acta constitutiva ante el Registro Público de Comercio señala que, desde 2011, tiene permitido “la prestación de todo tipo de servicios personales, técnicos profesionales, administrativos y de consultoría a toda clase de personas físicas o morales, públicas o privadas”.
Me reuní con más de 250 representantes de la sociedad civil, académicos y empresarios para reiterar mi compromiso por recuperar la grandeza de #ÁlvaroObregón.
¡Cumpliré mi promesa de trabajar en comunidad para mejorar las condiciones de vida de las familias obregonenses!#AO pic.twitter.com/9wtiWJEj6P
— Javier López Casarín 💥🚀 (@LopezCasarinJ) June 25, 2024
Algunos de los contratos rastreables datan de 2014, cuando el entonces gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, contrató a la empresa de López Casarín por 180 millones de pesos, para implementar el programa “De la mano contigo”, que consistió en la entrega de un apoyo económico a través de tarjetas. En 2017, el mandatario estatal renovó el contrato para el mismo programa, pero esta vez por 95 millones de pesos.
A finales del mismo año, la Auditoría Superior del Estado de Baja California entregó los resultados de una investigación al contrato de 2014, en la que reveló que el pago por adjudicación directa fue excesivo y SPI debió participar en un concurso de licitación pública, además de que el programa se ejecutó sin reglas de operación.
Sin embargo, en 2019, en el último año de su gobierno, Francisco Vega otra vez contrató a SPI para ese programa, esta ocasión por 87.4 millones de pesos.
Para diciembre del mismo año, la suerte de López Casarín recibió un ultimátum por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa (STyRC), que ordenó la inhabilitación de su empresa durante 2 años.
Esta medida se tomó porque en el 2012 el entonces gobernador de Sinaloa, Mario López, contrató a SPI para renovar las licencias de conducir, por 205 millones 320 mil pesos. No obstante, la STyRC determinó el incumplimiento del contrato porque la empresa entregó las identificaciones en plásticos de baja calidad.
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