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Por Juan R. Hernández
El reciente paro nacional de jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) ha generado una ola de preocupación e indignación entre especialistas y ciudadanos. La abogada y especialista en Derechos Humanos, Mina Moreno, reflexiona sobre las consecuencias de este movimiento, cuestionando si los participantes del paro realmente consideraron a quienes más afectarán: los justiciables.
Moreno pone el foco en los juicios de amparo en materia penal, especialmente aquellos en los que se disputan libertades y derechos fundamentales. “¿Qué pasará con los casos que ya tenían programadas audiencias constitucionales después del 21 de agosto?”, se pregunta. Estos procesos, que incluyen la revisión de órdenes de captura, la vinculación a proceso, y la ejecución de amparos para obtener la libertad de los detenidos, están ahora en un limbo judicial.
Según la especialista, la suspensión indefinida de labores, anunciada por jueces como Ruby Celia Castellanos Barradas, coordinadora de los 16 juzgados de amparo penal en la Ciudad de México, es un acto inconstitucional que vulnera los derechos de los justiciables.
La paralización de estos juicios por el paro no solo contraviene la Ley de Amparo, sino que también pone en riesgo la libertad de personas que podrían ser inocentes. Además, Moreno advierte sobre el impacto en otros casos de gran importancia social, como disputas por la custodia de menores, asuntos de salud, migración, extradición y remates de inmuebles.
“¿Acaso pensaron en el justiciable? ¿Dónde quedó la justicia federal?”, cuestiona Moreno, dejando en el aire una preocupación que debería resonar en las conciencias de quienes han decidido suspender su labor, pues la justicia no debería parar, especialmente cuando está en juego la vida y libertad de las personas.
