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Perjudica a inocentes y derechos fundamentales
- Hay una población de 233 mil 277 personas privadas de su libertad
- Se emiten 3 mil 984 sentencias diariamente
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- Previamente la activista en Derechos Humanos, Mina Moreno, compartió a Grupo Cantón su reflexión sobre como los derechos de los justiciables, especialmente en materia penal, son vulnerados debido al paro de labores del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Este medio llevó la opinión a la conferencia mañanera, donde después de escuchar atentamente, el mandatario mexicano dijo: “la abogada tiene razón”.
De acuerdo con Moreno, el impacto negativo llega a los juicios de amparo en materia penal que se encontraban en etapas críticas, incluyendo aquellos con audiencias constitucionales programadas después del 21 de agosto, o donde se habían emitido órdenes de captura y se esperaba una sentencia definitiva.
También resaltó la preocupación sobre aquellos detenidos preventivamente, cuya libertad podría verse comprometida por la paralización de los procesos judiciales.
Los últimos resultados del INEGI en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) 2023, durante el año anterior ingresaron a las instituciones del PJF un total de 1 millón 274 mil 165 asuntos jurisdiccionales. Esto indica que en promedio, por día hábil ingresaron 5 mil 179 asuntos. Del total de casos que ingresaron al PJF, se emitieron 980 mil 283 sentencias, es decir, con un pro-medio de 3 mil 984 por día hábil, lo da un estimado del impacto del paro.
Además, las leyes mexicanas indican que sólo pueden paralizarse los juicios de amparo en materia penal por causas de fuerza mayor, ejemplo un terremoto, una revuelta armada, un estallido de guerra contra otro país, la constitución no contempla la paralización de juicios penales y de amparo en materia penal por paro de los juzgadores, ni la toma de instalaciones federales como son los juzgados y tribunales.
Ante ello, el presidente mexicano López Obrador, concordó con las preocupaciones expresadas por la abogada Mina Moreno, señalando que la suspensión de labores en el Poder Judicial es inconstitucional, particularmente en materia penal, donde se ve comprometida la libertad de personas inocentes, los juicios de manutención o custodia de madres, entre otros procedimientos legales.
En el país, según el censo penitenciario del INEGI de 2024, hay una población de 233 mil 277 personas presas de su libertad en los 331 centros penitenciarios del país. En este contexto, se estima que el 37.3% de las personas no cuentan con una sentencia.
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