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Aunque tribunales federales señalaron la evasión fiscal, el poder judicial capitalino adjudicó de forma directa a dos empresas que adeudan miles de millones de pesos
OMAR MONTALVO
Ciudad de México.– Las decisiones que toman los tribunales del Poder Judicial de la Federación (PJF) sobre ordenar a evasores de impuestos los pagos correspondientes, no son respetadas ni por las instituciones que integran el mismo conjunto de organismos, pues el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ CDMX), entregó millones de pesos a Pegaso PCS S.A de C.V.
Este 2024 la dirección ejecutiva de gestión tecnológica ejecutó un contrato con Pegaso PCS, comercialmente conocida como Movistar, por el objeto “servicio de comunicación móvil para notificadores e internet portátil para telepresencias fuera del PJCDMX”.
El monto total de recursos públicos pagados fue de 4 millones 264 mil 518 pesos a través de un contrato por adjudicación directa, es decir, sin comparar los precios y mejores opciones con otras empresas, según indican los reportes de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del segundo trimestre de este año.
De acuerdo con la información histórica sobre contrataciones públicas, el resto de instituciones públicas en la Ciudad de México, dejó de hacer contrataciones con Pegaso PCS desde 2022. En este año la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que la empresa de comunicaciones debía pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la cantidad de 4 mil 442 millones de pesos por impuestos atrasados, actualización, recargos y otras multas.
Otro caso conocido a nivel nacional sobre evasión de impuestos es el de las empresas de Ricardo Salinas, entre las que se encuentra Total Play. La prestadora de servicios de internet en una adjudicación directa, se benefició de 36 millones 76 mil pesos. Este año el SAT anunció que Total Play adeudaba hasta marzo más de 30 mil millones de pesos.
Entre las críticas que recibe el poder judicial en la discusión de la reforma, está el hecho de que históricamente han beneficiado a los privados por encima de la población, situación que se vislumbra en la contratación de las empresas señaladas, cuando en un concurso de licitación pública, otras firmas pudieron tener mejores condiciones para recibir los montos millonarios.
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