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CIUDAD DE MÉXICO.
Los funcionarios que entraron en un paro laboral prefieren subrogar actividades comunes, pese a que la institución cuenta con el equipo para digitalización y fotocopiado
OMAR MONTALVO
GRUPO CANTÓN
Las instituciones del Poder Judicial de la Federación como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que encabeza Norma Piña, ignoran las disposiciones que ordenan otros entes del gobierno federal para tener un uso racional y austero de los recursos públicos, ya que este año tiene vigente un contrato de más de 166 millones de pesos para servicios de impresión.
En los reportes entregados vía transparencia sobre los contratos que tiene vigentes la SCJN, se encuentra el documento SCJN/DGRM/DPC-008/04/2020 por el cual la institución solicitó a la empresa Sharp Corporation México S.A. de C.V. el “servicio administrado de impresión, digitalización y copiado”. La cantidad de recursos comprometidos son 166 millones 851 mil 523 pesos, que de acuerdo con la versión pública del contrato indica que se han ido pagando desde 2020, al tratarse de un acuerdo multi anual.
Actualmente los trabajadores del PJF, incluyendo la SCJN, anunciaron un paro de labores en protesta a la reforma que busca eliminar los privilegios y gastos irracionales. La contratación millonaria para impresiones, escaneos y digitalizaciones, es uno de ellos ya que en el inventario de bienes muebles de la SCJN, se confirma la existencia de impresoras y fotocopiadoras.
La empresa Sharp Corporation actualmente figura en investigaciones recientes a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a las contrataciones millonarias que ha hecho el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), también del PJF, pues los servicios de impresión y sus derivados, son subrogados a un tercero cuando se cuentan con el equipo para llevar a cabo las mismas tareas.
Por otra parte, la ministra Lenia Batres informó que devolvió a la Tesorería de la Federación 416 mil 754 pesos de la prestación “pago de riesgos” que recibe en la SCJN, dijo que esta cantidad es adicional al excedente de su remuneración como magistrada que regresa a las arcas del erario público cada quincena.
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