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Cifras del INEGI indican que la mayoría de personas privadas de su libertad eran trabajadores que vivían al día y eran el sustento económico de otros
OMAR MONTALVO
Ciudad de México.– En el territorio mexicano la justicia no es para todos, lo confirman abogados, las cifras de acusados y estudios que recuerdan que hasta el 80 por ciento de las personas que se encuentran privadas de su libertad, tienen que recurrir a los llamados defensores de oficio, que son otorgados por el estado, pues sus familias son incapaces de sostener los honorarios de un abogado penalista.
“La mayoría de las personas imputadas en un proceso penal en nuestro país, hasta 80 por ciento, se ve en la necesidad de recurrir a los servicios de un defensor público” indica el estudio El Servicio Profesional de Carrera en la Defensoría Pública en México, de los investigadores Alberto Abad y Héctor Fix-Figuero. Esta cifra alta de personas que recurren a la defensoría de oficio, también conocida como defensoría pública, representa también una carga de trabajo que rebasa las capacidades humanas de los litigantes.
Una de las revelaciones que hizo el INEGI este 2024 fue el incremento de reclusos en los 331 centros penitenciarios del país. Al cierre de 2023 la población privada de su libertad es de 229 mil 32 personas, lo que significa que en la misma tendencia del estudio que refiere un 80 por ciento, las familias de aproximadamente 183 mil presos, carecen de los recursos para pagar un abogado.
Este año el salario promedio de los mexicanos fue estimado por el INEGI en 7 mil 380 pesos mensuales. En consulta con el abogado Hugo Rojas, quien ha laborado en algunos despachos de mediano reconocimiento, declaró que un especializado en el derecho penalista puede cobrar como mínimo de 10 mil a 20 mil pesos, pero alguien con más experiencia pide desde los 50 mil pesos como pago inicial por asunto.
En ese sentido, el ex fiscal Samuel Ibarra, añade que un buen abogado cuando consigue un amparo “te cobran lo que se les pegue la gana”, pues es la instancia penal en la que ya se llegó por haber agotado todos los recursos previos.
Ibarra Vargas también añade que hay casos en que abogados y despachos reconocidos toman casos pro bono “lo que buscan también es regalarle algo a la sociedad de lo que ellos tienen y hacen. Llevan asuntos pro-bono como lo hace la Barra Mexicana Colegio de Abogados, por ejemplo, y sí llegan a llevar asuntos donde la gente no tiene en qué caerse muerta, no puede pagar un buen abogado y muchas defensas se han ganado”.
Aunque existen las excepciones, la realidad de las estadísticas indica que la vulnerabilidad económica y de oportunidades se encuentra en casi toda la población penitenciaria. La última Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (Enpol) del INEGI, indica que el 69.7 por ciento de presos tienen la educación básica como grado máximo de estudios; en el 79.6 por cientos de los casos tenían a dependientes económicos y el 85.4 por ciento, contaba con un trabajo en la semana de su detención.
Lo que pasa como consecuencia de que existan tantos acusados con familiares que no pueden costear una defensa particular es que se saturen con todos los asuntos. Tan sólo en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales capitalina de 2020 a 2021 reportó atender 100 mil casos para una plantilla de 469 defensores públicos, es decir, cada uno debía atender un promedio de 233 casos al año.
De acuerdo con varios testimonios, en la mejor de las situaciones, los defensores piden el silencio a sus clientes durante las audiencias, debido a la falta de tiempo para estudiar cada caso.
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