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- Respondió con el Plan Integral de Atención a Cananea
- Hubo compensación para los trabajadores afectados
- Grupo México enfrenta dos denuncias penales
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- El 6 de agosto de 2014, México presenció el mayor desastre ambiental en su historia, cuando la minera Grupo México derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora.
Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que se está trabajando en el este caso, por lo que reiteró la importancia de que el expediente quede abierto y no haya continuidad.
“Vamos a darle seguimiento, se está trabajando permanentemente, pero vamos a avanzar más en estos días que nos faltan y es muy importante que quede el expediente abierto, no hay carpetazo para darle continuidad para que se llegue a la remediación”, indicó.
Junto con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informaron que a raíz del desastre, Grupo México y la PROFEPA firmaron un Convenio en septiembre de 2014, comprometiéndose a la remediación, reparación y compensación de los daños, incluyendo la creación del Fideicomiso “Río Sonora” con un fondo de $2 mil millones.
Sin embargo, solo se ejercieron $1,232 millones antes de que el fideicomiso se extinguiera en 2017, bajo el argumento de que los objetivos habían sido cumplidos.
A pesar de estos esfuerzos iniciales, en 2020 la Secretaría de Medio Ambiente concluyó que los niveles de remediación no fueron adecuados, lo que llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a emitir nuevas determinaciones.
En respuesta a las demandas de la comunidad y los estudios realizados, en 2021 el presidente López Obrador anunció un Plan Integral de Atención a Cananea, que incluye 616 estudios en diversas áreas afectadas, la instalación de plantas potabilizadoras y la implementación de un programa de remediación en fases.
La primera fase de este plan, actualmente en marcha, incluye la instalación de redes de agua potable para 24 comunidades, con una inversión de $295 millones. Las siguientes fases abordarán la contaminación del aire y del suelo.
Además, se han establecido medidas de compensación para los trabajadores afectados, incluyendo la conformación de un nuevo fideicomiso con una aportación inicial de $300 millones, y la incorporación de 405 mineros al IMSS.
Aún quedan pendientes dos juicios: uno relacionado con la resolución del fideicomiso y la reparación del daño, y otro por la denuncia penal presentada por la SEMARNAT contra Grupo México por la contaminación.
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