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Cada año, el Cires recibe esa cantidad para tener en buen estado la señal, que busca prevenir a la población, sin darle falsas alarmas
Omar Montalvo
Ciudad de México.- El último incidente donde hubo una falsa alarma con la activación de la alerta sísmica puso en duda la eficacia de este mecanismo para prevenir a la población capitalina, ya que cada año el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México (ISC CDMX) destina más de 30 millones de pesos, únicamente para su mantenimiento.
Este año el ISC realizó un contrato identificado como ISC/AD/PS-03/2024-04 donde fueron pagados hasta 30 millones 172 mil 415 pesos sin IVA, al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (Cires).
En el acuerdo comercial se describe “cuyo objeto principal es conservar y mejorar continuamente la Red Acelerográfica de la Ciudad de México (RACM) y el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México (Sasmex-CDMX)”.
La descripción que señala el contrato por adjudicación directa, indica que los costos para mantener la alerta sísmica se incrementan al añadir los recursos públicos destinados en el mantenimiento de tótems que incluyen los altavoces a cargo del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).
En este caso el C5 contrató los servicios de “mantenimiento correctivo y refaccionamiento para los tótems del proyecto mi c911e del C5 de la Ciudad de México” por un monto de 16 millones de pesos adjudicados a la empresa Omnia Securita S.A. de C.V.
En el último año ya ocurrieron al menos dos casos en los que sonó la alerta sísmica pero no existió algún movimiento telúrico de impacto a la Ciudad de México, que de igual manera alertaron a la población.
Este tipo de incidentes, de acuerdo con una de las cláusulas del contrato podrían considerarse como defectos en los parámetros de calidad del servicio y ameritaría una sanción.
De acuerdo con solicitudes de información el gobierno capitalino y el Cires mantienen relaciones comerciales desde 1991, pero debido a los órganos de transparencia, sólo es posible la consulta de contratos desde el año 2013.
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