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La ASCM detectó que casi cien tabletas electrónicas no fueron entregadas y la alcaldía no pudo comprobar su resguardo, solo argumentó un posible error humano
Omar Montalvo
Ciudad de México. – Desde hace años la entrega de tabletas electrónicas fue considerado como una política de educación que se volvía obsoleta, pero aún así la alcaldía La Magdalena Contreras que encabeza Luis Gerardo Quijano ejecutó un programa social con la misma meta, del que se detectaron casi cien equipos que la alcaldía se quiso guardar.
El gobierno priísta de Quijano Morales implementó el programa “Inclusión digital por la educación” que entrega miles de tabletas electrónicas a niños y adolescentes.
La primera entrega de su administración la hizo a finales de 2022 en la que presumió la entrega de 2 mil 650 tabletas con un presupuesto de 4 millones 495 mil pesos. Este monto fue pagado al distribuidor Comercializadora PC & Hardware, S.A. de C.V.
La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) investigó este programa, pues detectó que sólo se entregaron 2 mil 559 unidades, cuando presuntamente el padrón de beneficiarios estuvo compuesto por 2 mil 650 personas.
Al no coincidir el número de vales de entrega de las unidades tecnológicas en la revisión ASCM/94/22, la alcaldía argumentó un posible error humano en los registros: “Es presumible que, durante el proceso de digitalización por error humano involuntario, se hayan omitido o desfasado del archivo electrónico los 91 formatos de entrega faltantes” declaró La Magdalena Contreras en una confronta de documentos.
El gobierno de Quijano Morales no aportó más datos para comprobar la entrega del resto de tabletas electrónicas y la ASCM determinó que hubo violaciones a la Ley de Austeridad por las irregularidades con el programa auditado.
El apoyo a la educación a través de la entrega de tabletas electrónicas fue una política que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2013 descartó como funcional, pese a los supuestos resultados que presumió el priísta Peña Nieto. Principalmente porque las unidades se estancaron en oficinas estatales y municipales, lo mismo que ocurrió en la gestión de Quijano.
Además, es imposible comprobar que cada una de las tabletas sea utilizada para fines educativos.
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