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El integrante de la SCJN se opone a despenalizar el aborto; señalado de favorecer miles de despojos, a favor de la Marea Rosa e incompetente en el caso Mario Aburto
OMAR MONTALVO
Ciudad de México. – La propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) que se discute actualmente, va acompañada de señalamientos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como Mario Pardo Rebolledo, de que mientras perciben ingresos millonarios y ocultan parte de sus riquezas, participan en acciones que favorecen a la oposición que representa actualmente la derecha en el país.
El ministro Pardo Rebolledo se encuentra en la SCJN desde febrero de 2011 por nominación del expresidente Felipe Calderón. De acuerdo con su última declaración patrimonial entregada este 2024, sus ingresos del último año ascendieron a 3 millones 856 mil 413 pesos, únicamente por sus actividades en el cargo público.
Es uno de los ministros que declaran no contar con propiedades y vehículos. Pese a lo que reporta el ministro y otros nueve integrantes de la SCJN, podrían tener percepciones adicionales, pero que mandaron a clasificar como confidencial el desde 2023.
Mientras los ministros ocultan cuáles son sus ganancias totales, Pardo Rebolledo ha demostrado ser un personaje afín al discurso de la derecha. Resaltan los casos que periodistas de Xalapa denunciaron en las conferencias del presidente de la República, que la familia de Pardo Rebolledo está vinculada a más de 10 despojos en predios de Veracruz.
Su afinidad política también quedó expuesta cuando votó en contra del Plan B a la reforma electoral y su familia fue vista en el movimiento Marea Rosa, que inició para defender el Instituto Nacional Electoral (INE), pero que terminó por apoyar a la ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez.
Su postura antiderechos también fue expuesta en 2020 cuando colectivos feministas exhibieron el nombre y rostro de Mario Pardo como uno de los ministros de la SCJN, se opusieron a despenalizar el aborto en Veracruz.
Recientemente, también declaró estar impedido para participar en el caso de Mario Aburto, asesino confeso de Donaldo Colosio Murrieta en 1994.
Entre otros casos, Mario Pardo también fue señalado en 2018 de favorecer las sanciones contra la periodista Carmen Aristegui, por la investigación de la Casa Blanca del expresidente Peña Nieto, además de que buscó favorecer Joaquín Vargas, presidente del Grupo MVS, para cancelar el programa de Aristegui.
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