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Colectivos apelan para que quienes ejercen la prostitución tengan facilidades y protección
DANIEL ESCOBAR
Si bien el trabajo sexual es algo que ya ha sido reconocido por las Naciones Unidas (ONU), como uno que los países deben no sólo permitir sino proteger a quienes lo ejercen, en México es muy poca la importancia que la clase política le ha querido dar al tema, por lo que son escasos los avances al respecto.
Uno de los pasos destacados se dio en la Ciudad de México, pues a causa del juicio de amparo en 112/2013, los sexoservidores pudieron ser reconocidos bajo el esquema de trabajo no asalariado por parte de la Secretaría del Trabajo local, aunque a activistas por la causa les parece poco útil.
“De nada nos sirve ser reconocidas en el papel como trabajadoras no asalariadas, si en el día a día las compañeras seguimos sin tener acceso a derechos básicos como seguridad social, prestaciones o jubilación digna”, declaró Natalia Lane, cofundadora de la Coalición Laboral Puteril (CLAP) el pasado Día del Trabajo.
La inconformidad que tienen personas que se dedican a vender servicios sexuales, las ha llevado a conformar colectivos como CLAP u otros similares, que entre varias cosas se dedican a presionar y concientizar sobre legislar este trabajo, que expone a muchos peligros por su falta de regulación y la estigmatización por parte de la sociedad.
Una acción política que se realizó en esta última legislatura, es una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, hecha por la diputada María Clemente García Moreno, que plantea sean obligatorios espacios seguros para quienes ejerzan la prostitución, como para los clientes; y atención médica para sexoservidores que no cuenten con seguro social.
“Las personas trabajadoras sexuales tienen derecho a no ser discriminadas por su actividad laboral, a la protección de la salud, así como al acceso a servicios de salud para la atención integral y gratuita cuando no cuenten con seguridad social”.
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