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Lía y sus funcionarios son extorsionadores

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ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.

Comerciantes de la Alcaldía Álvaro Obregón denunciaron que les exigen hasta 10 mil pesos para no clausurar sus negocios

HÉCTOR QUEZADA 

Encargados y dueños de pequeños negocios en Álvaro Obregón denunciaron que la alcaldesa Lía Limón y funcionarios de esa demarcación se dedican a extorsionarlos, ya que les exigen pagos de hasta 10 mil pesos con la condición de no clausurar sus comercios. Sin embargo, esto no es nuevo, pues a lo largo de la gestión de la panista se volvió una práctica recurrente.

De acuerdo con el concejal Ángel Tamariz, los locatarios crearon una red llamada “Alto a la extorsión Álvaro Obregón”, la cual ha permitido asesorar a más de 300 comerciantes para que lleven a cabo los trámites necesarios para regularizar sus negocios y, de esta forma, evitar ser víctimas de los funcionarios de esa alcaldía.

“Lo que sucede es que llegan los funcionarios a los negocios a exigir papeles, a pedir permisos y si no cuentan con ellos los amenazan con clausurarlos”, precisó en un video difundido en redes sociales.

El concejal reclamó que el personal de Lía se dedica más a amenazar y extorsionar a los comerciantes, en lugar de orientarlos para que los establecimientos cumplan con todos los requisitos para operar. No obstante, la Alcaldía Álvaro Obregón no realiza campañas de información.

También señaló que, al ser los últimos meses de la administración panista, los funcionarios de ésta buscan “sacar el mayor dinero posible, aunque sea robando”. Al respecto, hizo un llamado a las víctimas de extorsión a denunciar ante las autoridades correspondientes y acercarse a la Concejalía.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Las denuncias ciudadanas por extorsiones cometidas por funcionarios de la Alcaldía Álvaro Obregón han sido recurrentes, pues en noviembre de 2022 se exhibió cómo empleados del área de Vía Pública recogieron cartones de cervezas que supuestamente obstruían la vía y exigían 2 mil pesos al dueño del local.

Además, dueños de comercios en la vía pública acusaron que tenían que pagar hasta 200 pesos a la semana para que los trabajadores de la demarcación los dejaran laborar.

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