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Comerciantes, vecinos y choferes de transporte concesionado reclaman que la alcaldesa morenista carece de una estrategia
Héctor Quezada
Habitantes de Alcaldía Tláhuac reclamaron a la titular de esta demarcación, Berenice Hernández, por no combatir las extorsiones, porque a pesar de haber destinado más de 72.6 millones de pesos en la Dirección de Seguridad Ciudadana, en el 12.6% de los hogares al menos un integrante ha sido víctima de este delito.
De acuerdo con informes de autoridades capitalinas, en dicha demarcación operan dos principales células criminales dedicadas a la extorsión: “Los Rodolfos” y el “Cártel de Tláhuac”. Derivado de ello, los vecinos denunciaron que la falta de atención de la morenista, que repetirá otros 3 años en la administración local, incluso ya provocó la muerte de líderes comerciantes que se negaron a pagar las cuotas ilegales que exigen las bandas delincuenciales.
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Asimismo, subrayaron que Hernández Calderón es omisa a las peticiones de los vendedores, ya que le han solicitado apoyo, pero ésta no implementa estrategias que permitan erradicar este delito. En colonias como La Nopalera y Del Mar, el cobro de piso es una actividad permanente por parte de los grupos criminales a negocios pequeños.
Del mismo modo, los choferes de la Ruta 50 del transporte concesionado -que conecta el pueblo de Mixquic en la Alcaldía Tláhuac con la estación General Anaya, de la Línea 2 del Metro- fueron amenazados por no cumplir con el pago de las extorsiones solicitadas por parte de las bandas del crimen organizado con origen en el estado de Jalisco.
Criminales extorsionan negocios
Ante la falta de estrategias por parte de la alcaldesa Berenice Hernández, los delincuentes encontraron una nueva forma de extorsionar a los pobladores a través de supuestos préstamos, aprovechándose de la necesidad de los habitantes.
Los intereses que cobran son de hasta el 40% y en caso de negarse a pagar, un grupo de hasta 20 personas acude a los domicilios de los deudores para intimidarlos. Según las víctimas, los estafadores acuden con personas armadas para solicitarles cantidades que superan los 100 mil pesos y, además, amenazan a las familias si no cubren los pagos.
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