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POR VERENICE TÉLLEZ
El caso Ayotzinapa uno de los conflictos más terribles heredados por el antiguo régimen ha sido un tema que de manera recurrente ha tenido se surfear el presidente Andrés Manuel López Obrador durante toda su administración, resultó ser todo un reto para el mandatario mexicano retomar un expediente que se encontraba cerrado y qué, además sostuvo durante años una tesis bajo argumentos basados en fabricación de pruebas y manipulación de evidencias.
Resulta que el Ejecutivo Federal tuvo que enfrentar a lo largo de su sexenio la exploración y reconocimiento de un expediente que presentaba un sin fin de inconsistencias, donde la llamada “Verdad Histórica”, no es otra cosa que la fabricación de evidencias a efecto de inducir una explicación que permitiera cerrar el caso.
Estuvieron involucrados altos funcionarios de gobierno de Enrique Peña Nieto, lo cual impidió y entorpeció el descubrimiento de lo que ocurrió en realidad.
Reabrir las entrañas del caso de los 43 Desaparecidos implicó para la actual administración admitir que dicho caso fue un “Crimen de Estado”, revelando la complicidad de todos los órdenes del gobierno a efecto de ocultar la verdad sobre los acontecimientos desastrosos en el Estado de Guerrero del 26 de septiembre de 2014.
A través de la creación de la Comisión para la verdad y acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) el actual Gobierno Federal logró la detención de 132 personas involucradas de las cuales 41 integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos; 71 policías, cinco federales, tres federales ministeriales, siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco, 45 de Iguala y el exprocurador general de la República, así como el extitular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro de la Procuraduría General de la República (PGR); un exministerio público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido); 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); un exsecretario de Seguridad estatal de Guerrero, además del presidente municipal y la expresidenta del DIF, ambos de Iguala.
También existen tres solicitudes de extradición de actores relevantes en dichos acontecimientos, que se encuentran en Israel y Estados Unidos. Cabe señalar que el expediente no está cerrado y el presidente López Obrador ha revelado que él mismo se ha involucrado en las investigaciones y ha pedido se haga pública la información, sin embargo aunque se ha dado luz con respecto a los niveles de complicidad que existía entre autoridades y delincuencia organizada durante los anteriores gobiernos, la verdad ha tenido que abrirse camino entre las resistencias en un andamiaje burocrático que aún preserva complicidades con el pasado.
