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“Una injusticia hecha a un individuo es una amenaza hecha a toda la humanidad”, Montesquieu
Estoy escuchando en la mañanera al presidente López Obrador decir “ya no es el México de la impunidad”, y se refiere, así lo aclaró, a que ya no hay intocables. Quizá para el ejecutivo no los haya, pero para el judicial, ese boletín no ha pasado. La muestra más reciente son todos los delincuentes de cuello blanco, cuello sucio y hasta sin cuello que han dejado salir para continuar su “proceso en libertad”, o de plano exonerarlos.
Y aunque todos los casos son indignantes, quizá el peor ha sido la noticia de la liberación de José Luis Abarca, quien podrá regresar a su casa para terminar su proceso.
Cuando están a punto de cumplirse 10 años de la masacre de los 43, esto, junto con la falta de resultados contundentes en ese caso, pareciera una bofetada no solo a los padres, sino a todos los mexicanos. Abarca junto con su esposa y la responsabilidad de ambos estuvo plenamente comprobada y aunque estuvo recluido, no pasó ni un día de las carencias de otros presos; habría que recordar que es dueño, entre otras cosas, de una plaza comercial dedicada a la joyería, misma que “casualmente” heredó a su hija.
¿Se investigó la procedencia del dinero con el que compró y montó los negocios en la plaza?
En cuanto a su esposa (presunta cómplice) María de los Ángeles Pineda, en enero se ordenó dejar sin efecto la sentencia de 10 años y reponer el proceso por los mismos cargos de su pareja: delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La sentencia incluyó el pago de una multa de $15,000 pesos.
En cuanto al testigo de cargo, Sirdonio Casarrubias, el Chino, ex líder de Guerreros Unidos, al parecer se demostró que su testimonio había sido obtenido bajo tortura, por lo que lo más probable es que la liberen con un “usted disculpe”.
El poder judicial juega a las contras al gobierno federal, liberando delincuentes, imponiendo multas ridículas, exonerando a narcotraficantes.
La limpieza del poder judicial debe ser profunda y a fondo, no basta la Suprema Corte, también los jueces de control y ministerios públicos deben dar cuenta de las averiguaciones mal hechas y de los cobros a cambio de una exoneración.
No es solo Norma Piña, sino todo lo corrupto que ella representa.
Ana María Vázquez
Escritora/dramaturga
@Anamariavazquez
