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Serie de irregularidades son investigadas debido a que permiten exámenes incompletos; niños víctimas de violencia son utilizados para cobrar fianzas
Omar Montalvo
Una serie de irregularidades han trascendido en el Órgano Interno de Control (OIC) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México (DIF CDMX) ya que han sido detectados casos en los que no se cumplen los requisitos para llevar a cabo un correcto procedimiento de adopción.
Durante el primer trimestre de este año el OIC del DIF compartió los resultados de una investigación interna en la que se analizaron los expedientes del proceso administrativo de adopción durante el año 2022.
En la auditoría A-5/2023 se incluye que las personas consideradas como idóneas para adoptar algún menor de edad, no cumplieron con requisitos como la entrega de certificados médicos de las personas que viven en hogar de los solicitantes, así como la existencia de constancias del área de trabajo social y valoraciones psicológicas que acrediten que las personas que quieren adoptar cuentan con un perfil favorable.
Ya que estas últimas valoraciones son hechas por el personal del DIF y son determinantes para definir el futuro de un posible menor de edad en adopción, dio una respuesta tardía por la existencia de una excesiva carga de trabajo debido a la existencia de “austeridad de personal”.
En la investigación interna, el DIF tuvo la oportunidad de solventar estas observaciones, pero el OIC igual añadió “se continuó con algunas de las irregularidades detectadas como en la solicitud de adopción no cuenta con fecha de elaboración, y en el formato de evaluación colectiva psicológica, no se requisitaron los rubros de observaciones del psicólogo encargado”.
A esta serie de irregularidades se suman casos en donde el DIF capitalino es señalado de estar coludido con la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes, también conocida como Agencia 59 del Ministerio Público, para resguardar a los niños recuperados en operativos a cambio de cobrar fianzas impagables para los padres, revictimizando a los menores afectados.
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