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Quien sería la próxima alcaldesa en Cuauhtémoc benefició a Escore Alimentos, acusada de prácticas fraudulentas por la SFP
Daniel Escobar
Cuando fue directora general de Desarrollo Social en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Alessandra Rojo de la Vega contrató a la empresa Escore Alimentos, pese a que la firma estaba inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde 2019, por haber cometido prácticas fraudulentas en diversas licitaciones.
Hoy, además de arrastrar esa grave omisión, la excandidata de la alianza PAN, PRI y PRD a la Alcaldía Cuauhtémoc, quien habría ganado en los comicios del pasado 2 de junio, defiende a ultranza que no se lleve a cabo el recuento de votos en esta demarcación, porque podría perder y no tendría la oportunidad de gobernar ese territorio.
En abril de 2022, Rojo de la Vega suscribió un contrato con dicha compañía, aunque ésta llevaba 3 años sancionada por la dependencia federal, debido a que desde 2011 participó en varias licitaciones públicas junto con la empresa D´Sazón Seguridad Alimentaria, ambas vinculadas con un sujeto llamado José Guerrero Alvarado.
En las escrituras públicas de las dos compañías, Guerrero Alvarado aparece como administrador único, lo cual contravino la ley que prohíbe “proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado en común”. Derivado de ello, la SFP determinó la inhabilitación de Escore Alimentos, por lo que estaba impedida para suscribir acuerdos comerciales con dependencias y organismos públicos. Sin embargo, se le levantó el castigo, tras pagar una penalidad de un millón y medio de pesos.
Los servicios contratados por Alessandra Rojo de la Vega fueron para que Escore Alimentos suministrara la comida del programa “Manos a la Olla” en Miguel Hidalgo. Este consistía en que beneficiarios de bajos recursos recibieran dinero por cocinar los alimentos que se servían en los comedores comunitarios.
Por dicho contrato, la compañía recibió poco menos de un millón de pesos. No obstante, durante 2019 consiguió acuerdos comerciales con el Instituto Nacional de Migración (INM), para atender a miles de migrantes en sus albergues y delegaciones, lo que le significó un pago de hasta 173 millones 775 mil 838 pesos.
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