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Coordinadora Marcela Villegas rebasa sus facultades y busca entregar zona de básculas; crecen arbitrariedades por pagos extras injustificados, así como abandono de la infraestructura
OMAR MONTALVO
Ciudad de México. – A meses de que termine el sexenio capitalino, la coordinadora general de la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA), Marcela Villegas, es cuestionada por representantes y trabajadores por tratar de vender un espacio cuya función es de vialidad pública, pero ahora clasificado como terreno con un valor de más de 98 millones de pesos, donde se ubica el Centro de Revisión Físico Mecánica.
El representante legal del Centro de Revisión, Martín Jiménez explica que antes de que terminara el su contrato por el arrendamiento del espacio, la administración del CEDA le negó la renovación del mismo, pues Marcela Villegas hacía los preparativos para vender el espacio a personas externas, sin que pueda acreditar que es un movimiento legal dentro de sus atribuciones como Coordinadora General.
El precio millonario fue establecido por un perito evaluador independiente de la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina (SAF) “se determinó que el Terreno ubicado (…) al interior de la Central de Abasto de la Ciudad de México, también conocido como Avenida Subasta y Productores número 10 (zona de básculas) para lo cual su representada se encuentra ocupando, tiene un valor comercial para su asignación de 98 millones 187 mil 200 pesos” se lee en un documento exhibido por el subgerente administrativo Diego Baranda.
La venta del espacio cobra relevancia ya que el cambio del encargado por arrendamiento a nuevos propietarios puede afectar las necesidades de los transportistas con un proyecto que se mantiene oculto. A este conflicto se suma la Confederación Nacional de Comerciantes y Transportistas Similares y Conexos de la República Mexicana que pelea temas en donde la Coordinación General de la CEDA ha descuidado la zona de subasta y pernocta, abusan de los transportistas a través de cobros injustificados.
En esta zona, Martín Jiménez señala que los transportistas hacían un pago cada 12 o 24 horas, pero ahora deben hacer un pago por cada movimiento que hagan al interior. La Confederación añade que hay un abuso con los transportistas por parte de las patrullas que vigilan la CEDA, que permiten el robo de autopartes; además que los cobros no se reflejan en la carpeta asfáltica desgastada, extorsión, venta de droga, prostitución y abandono de servicios de limpieza.
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