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El alcalde de La Magdalena Contreras se atrevió a celebrar la inauguración apertura de una nueva estación de RTP en la ruta 126
Omar Montalvo
Ante los problemas de movilidad que tiene la Alcaldía La Magdalena Contreras, el edil Luis Gerardo Quijano celebró la apertura de una nueva estación de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en la ruta 126. Sin embargo, esta excede el costo que el priista informó públicamente y cuyas obras fueron entregadas hasta medio año después a la fecha programada.
La ruta 126 va del pueblo Magdalena Atlitic hacia la estación Copilco del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Aunque Quijano se ha adjudicado la creación de este nuevo trayecto, la Asamblea Ciudadana de esa localidad fue la que hizo las gestiones. Además, la estación base de los autobuses de la RTP tiene casi 6 meses de retraso.
La cronología de los hechos se remonta a las primeras pruebas operativas de dicha ruta, en febrero de 2022. Para noviembre del mismo año, la RTP destinó una flota de 10 unidades, pero hasta agosto de 2023 su administración se reunió con la población de Magdalena Atlitic.
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el 20 de octubre de 2023 fue contratada la empresa Comercializadora y Desarrolladora Play Park, S.A. de C.V., para la construcción de la nueva estación, la cual concluiría el 30 de diciembre.
El contrato asignado a dicha firma fue por 4 millones 852 mil 242 pesos, pero a éste se le añaden 291 mil 134 pesos correspondientes a la supervisión de los trabajos, en el mismo plazo que la ejecución de la obra.
Esto eleva el precio de la infraestructura en 5 millones 143 mil 376 pesos del presupuesto de la alcaldía LMC, lo que contrasta con los 4.8 millones de pesos que había informado el militante del PRI.
Por si fuera poco, en los últimos meses, el aún alcalde enfrenta una denuncia penal por cometer presuntos fraudes a través de las inspecciones de obra pública.
En su discurso de entrega de la base de autobuses, destacó que en febrero se realizó la supervisión de la obra, lo que comprueba que no requirió de los servicios pagados por la supervisión, pues los trabajos del inmueble aún se mostraban a medias.
Ante el incumplimiento del contrato de obra pública, los funcionarios de Luis Gerardo Quijano deben ser sometidos a una sanción administrativa, mientras que la citada empresa tendría que ser acreedora a una multa de hasta 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según la Ley de Obras Públicas capitalina.
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