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“Ayúdame a ayudarte”, “lo dejo a su criterio”, “no quiero que me den, quiero que me pongan donde hay”, “un político pobre, es un pobre político”.
La corrupción policial y política de los gobiernos priistas de las últimas seis décadas y la naturalización de ese mal sistémico contra el cual gobiernos, organismos ciudadanos y empresas deben luchar se sintetiza en frases como esas.
Corrupción y malas prácticas en la interacción ciudadanía-policías nos afectan.
La voluntad política, compromiso y liderazgo son herramientas en su contra. Un contrapeso a los intereses detrás de ella es la participación ciudadana.
Hace cinco años, en la CDMX la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, impulsó la creación, desde el Consejo Ciudadano de la capital nacional, de las Comisiones Ciudadanas contra la Corrupción Policial y la Violencia contra las Mujeres Policías.
Hay continuidad con el Jefe de Gobierno, Martí Batres, y expectativas de profundizar el esquema con la mandataria electa Clara Brugada. En esas comisiones se discuten de manera colegiada, concisa y sistemática casos de corrupción, maltrato, abuso y otros aspectos de la ciudadanía con policías, ministerios públicos, jueces o mujeres policías victimizadas por abuso o acoso sexual.
Es un modelo único en el mundo. Las irregularidades —inicialmente atendidas en la Línea de Seguridad o Chat de Confianza, 55 5533 5533, o notificadas en las sedes del Consejo— se abordan de manera expedita.
Los resultados legitiman la decisión de involucrar lo ciudadano contra un mal persistente: los reportes bajaron 72%, lo cual ha impactado en mejoría, según el INEGI, de casi seis puntos porcentuales en la percepción del trabajo policial.
La ciudadanía puede contribuir positivamente en la gestión institucional de las policías, los integrantes de la procuración de justicia y del sistema judicial.
Sin la intervención ciudadana informada, crítica y constructiva no hay seguridad.
Salvador Guerrero Chiprés
@guerrerochipres
