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Dicha cantidad corresponde al ejercicio fiscal 2013, aunque se sabe que no es el único año en que ha evadido el pago de impuestos; volverá a ampararse
REDACCIÓN, GRUPO CANTÓN
El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que la empresa Elektra, propiedad de Ricardo Salinas, deberá pagar 24 mil millones de pesos.
Los magistrados Llamile Ortiz, Fernando Silva y Salvador Alvarado, integrantes de dicho tribunal, negaron al empresario un amparo para evitar el pago de impuestos por la cantidad de 18 mil 455 millones 467 mil 083 pesos por impuesto sobre la renta (ISR) del ejercicio 2013, aunque el monto, ya con las actualizaciones y recargos, asciende a los 24 mil millones de pesos.
Tal monto corresponde a poco más de una tercera parte de la cantidad total que las autoridades fiscales mexicanas reclaman al dueño de Grupo Salinas, conglomerado de firmas entre las que destacan la señalada Elektra, así como Banco Azteca, Tv Azteca, Afore azteca y Total Play, entre otras.
Acá nuestra posición sobre la resolución del día de hoy de un amparo nuestro por parte del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. pic.twitter.com/IZN0SOwmYb
— Grupo Salinas (@gruposalinas) June 13, 2024
Una vez que se supo de la resolución, el magnate, mediante redes sociales emitió un comunicado donde acusa que la decisión de los magistrados responsables de negarle el amparo se debió a presiones desde el Gobierno Federal, que es un doble cobro de impuestos, y que aún no termina ya que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En su posicionamiento, Salinas Pliego acusó que los togados llegaron a tal determinación sintiéndose presionados de que la sociedad los considere corruptos y calificó las acciones del SAT como ilegales, abusivas, desproporcionadas y coercitivas.
Cabe destacar que el empresario ha manifestado abiertamente, incluso ha usado su televisora para golpear de manera sistemática, una abierta y férrea crítica al Gobierno Federal al grado de llamarlos gobernícolas y cuestionar, en ocasiones con información falsa, las decisiones de las autoridades federales en temas de salud y educativas, principalmente.
Se le ha cuestionado por los beneficios que la SCJN le ha otorgado, especialmente el magistrado Luis María Aguilar, quien ha sido responsable de admitir sus recursos.
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