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Si algún funcionario público permite la construcción o modificación ilegal de casas o edificios será castigado hasta con 20 años de prisión.
Daniel Escobar y Juan Hernández
Grupo Cantón
Gracias a un cambio al Código Penal capitalino, éste ahora incluye el concepto “corrupción inmobiliaria” como un delito, de tal forma que si algún funcionario público permite construcciones ilegales será castigado con la cárcel.
El decreto por el que se añadió un artículo a dicho ordenamiento fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en él se establece como delito cuando un servidor público permita la construcción o modificación de casas o edificios, sin que se hayan cumplido los requisitos legales al respecto.
“Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley”, indica ahora el artículo 276 quater del Código Penal capitalino.
Hoy celebramos que entra en vigor la reforma al Código Penal que castiga la corrupción inmobiliaria. Este es un gran triunfo para todas las personas que habitan la Ciudad de México ¡Enhorabuena y felicidades! pic.twitter.com/zEZUhSgs7Y
— Martí Batres (@martibatres) April 16, 2024
Las penas para los burócratas que cometan este ilícito irán de los 10 hasta los 20 años de prisión, pudiéndose sumar otras sanciones por otras conductas en que incurran.
El castigo se incrementará en una mitad, cuando el acto haya beneficiado económicamente al propio funcionario, a parientes suyos o a cualquier persona con quien tenga relación.
“La pena establecida en el párrafo anterior se incrementará en una mitad cuando (…) produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie, al propio servidor público, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, o a socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”, precisa el citado artículo.
Al respecto, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Martí Batres, justificó la medida ante lo ocurrido con el llamado “Cártel Inmobiliario” en la Alcaldía Benito Juárez, donde varios de sus funcionarios cometieron actos de corrupción a través de permisos falsos o construcciones ilegales y se beneficiaron económicamente.
Hoy publicamos la reforma al Código Penal que establece el delito de corrupción inmobiliaria, el cual contempla penas de 10 a 20 años de prisión para el servidor público que permita la construcción de inmuebles en lugares prohibidos o la edificación de pisos adicionales a los… pic.twitter.com/OumHCMYtyv
— Martí Batres (@martibatres) April 16, 2024
Agregó que si bien hay avances en las investigaciones, también existen otros pendientes para aplicar la justicia a favor de las víctimas de dicho Cártel que operaba principalmente en Benito Juárez, donde hasta hace poco era alcalde Santiago Taboada, candidato de la alianza “Va por la CDMX” al Gobierno capitalino.
“Algunos calculan que el Cártel Inmobiliario de Benito Juárez, por lo menos, ha ganado mil millones de pesos por permitir construcciones ilegales o autorizar pisos de más.
“Hay más de una docena de órdenes de aprehensión autorizadas por los jueces. Habría que agregar que hay 9 detenidos, que hay 4 fugados, algunos muy conocidos y que hay también 4 sentenciados que a lo largo del juicio aceptaron su responsabilidad”, expuso.
Dato:
El jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, justificó la medida ante lo ocurrido en la Alcaldía Benito Juárez.
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