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SEBASTIÁN RAMÍREZ
Este martes la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer un nuevo testimonio de un empresario de la construcción, quien detalló su caso con el clásico modus operandi del Cártel Inmobiliario del PAN en Benito Juárez. El empresario señala que a cambio de liberar trámites administrativos, superar supuestas faltas y evitar las visitas de verificación, la alcaldía le exigió más de 3 millones de pesos en varias exhibiciones, una de ellas, incluso, para financiar la campaña de Christian Von Roehrich a la alcaldía.
No es el primer desarrollador inmobiliario en denunciar extorsiones por parte de funcionarios de la Benito Juárez. Este nuevo testimonio señala directamente a Luis Mendoza, actualmente diputado federal por Acción Nacional y aspirante a gobernar la demarcación, y también a su hermano Víctor Mendoza, exdirector general de Planeación y Participación Ciudadana de la alcaldía y hoy prófugo de la justicia.
No ha pasado ni un mes desde que la oposición hizo de todo para no ratificar a la Fiscal Ernestina Godoy por haber destapado los casos de corrupción inmobiliaria en la alcaldía, pero en su último informe lo dijo con mucha claridad: que Ernestina ya no esté al frente de la Fiscalía no significa que las investigaciones para llegar a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño para tantas víctimas, no continuan.
Conforme estos casos avanzan, queda cada vez más claro que en el Partido Acción Nacional no conciben el servicio público como una herramienta para transformar vidas y garantizar el bienestar de la gente, sino como el camino más sencillo para enriquecerse y hacer negocios corruptos a costa del Pueblo. No debería resultarles una sorpresa que su candidato capital pierda simpatías conforme el proceso electoral avanza. La gente los conoce bien y no permitirá que la mafia inmobiliaria avance en nuestra Ciudad.
