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JUAN R. HERNÁNDEZ
A fin de evitar el saqueo de agua a través de tomas clandestinas, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Nazario Norberto Sánchez, propuso penas de ocho años de prisión y multas de hasta 43 mil 428 pesos a huachicoleros en la Ciudad de México.
La propuesta, actualmente en manos de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su dictaminación, contempla la adición de un nuevo capítulo al Código Penal para la Ciudad de México en relación con delitos contra el servicio público y la distribución del agua.
Entre las disposiciones de la iniciativa, se destaca el Artículo 309 BIS, que estipula penas de dos a seis años de prisión y sanciones económicas de cincuenta a doscientas unidades de medida y actualización (aproximadamente 21 mil 214 pesos), para quienes realicen diversas acciones ilegales relacionadas con la distribución o suministro de agua potable con el objetivo de obtener un beneficio económico.
La modificación al artículo señala específicamente acciones como la distribución no autorizada a través de pipas u otros medios, la extracción ilegal de fuentes no autorizadas, la alteración del flujo de agua destinado al suministro, y la sustracción ilegal del agua potable de la infraestructura hidráulica. Se agrava la pena si el delito es cometido por una persona servidora pública.
Además, el Artículo 309 TER equipara al delito contra el servicio público y distribución del agua otras acciones ilegales, como la venta, comercialización o explotación de agua potable, así como la posesión o resguardo no autorizado de la misma para cualquier modalidad de uso. Se establecen penas diversas en función de la cantidad de agua involucrada, abordando desde cantidades mayores a cuatrocientos litros hasta aquellas superiores a cinco mil litros.
Finalmente, el diputado Nazario Norberto explicó que estas medidas buscan frenar prácticas ilegales relacionadas con el agua en la Ciudad de México, y asegurar así el acceso equitativo y legal al recurso vital para todos sus habitantes. La iniciativa será sometida a discusión y análisis antes de ser aprobada como ley.
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