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Pese a que la ciudad perdida está rodeada de hospitales recién construidos, los habitantes permanecen en condiciones precarias, donde ronda la violencia y la falta de seguridad
HÉCTOR QUEZADA
Ciudad de México. – Tras el terremoto de 1985 que azotó a la Ciudad de México, las personas que perdieron su vivienda recurrieron a campamentos a las afuera del centro de la capital, un ejemplo claro es el predio conocido como Colector 13, olvidado por el gobierno local, pues han sido testigos de intentos de desalojamiento, falsas promesas, violencia e inclusive, fabricación de delitos.
Diario Basta platicó con uno de los representantes del campamento ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, quien señaló que en ocasiones enfrentan la falta de luz y de agua, además, agregó que pese a que el gobierno les ha querido expropiar el terreno con promesas de la construcción de departamentos, estos se han negado, pues afirman que no se saldrán de sus hogares, hasta que los edificios estén terminados.
“Nosotros llegamos en 1987, ahorita somos 150 familias, de las cuales 50 son de los fundadores y los demás, descendientes de los primeros que llegamos, algunos somos afortunados y vivimos en casas de 6 metros por 6 metros, otros viven en casas de 3×3, entonces no cuentan con todos los servicios inclusive hay algunos que comparten el baño” afirmó.
Además, se entrevistó a Enrique, habitante de este campamento, quien relató la falta de vigilancia en la zona, pues, pese a que está ubicada entre el Hospital Regional 1º de octubre del ISSSTE y el Hospital de ginecología y obstetricia, la zona carece de seguridad, servicios y viviendas dignas.
“Si se da cuenta, nosotros vamos al día, nos preocupamos por los niños, falta iluminación en las noches y aunque hemos más seguridad en la zona, no nos han hecho caso” resaltó Enrique.
Del mismo modo, agregó que aunque los habitantes, en su mayoría, se dedican al comercio, existen personas que se acercan a la zona para realizar actos ilícitos, pues comentó a Basta que su hermano, fue acusado injustamente de asesinato y, al ser personas en situación de pobreza, su caso situación ha empeorado por la falta de recursos para probar su inocencia.
“Aquí no somos delincuentes, viene gente de afuera y son los que realizan los robos y asesinatos; en el caso de mi hermano no hicieron pruebas de bala para comprobar que fue él, solo hay uno que lo acusa, pero hay personas que dicen que no fue; aparte a él no lo agarraron donde fue el delito, sino que lo agarraron en otra zona, el culpable sigue libre y nosotros sufriendo” relató Enrique.
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