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La mayoría de registros se deben a renuncias masivas de 2019, y a la fecha por el mismo motivo acumulan más de 5 mil que abandonan la administración
OMAR MONTALVO
Ciudad de México. – Los últimos cuatro años la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) que corresponden a la administración de Ernestina Godoy, tuvo un registro de más de 13 mil funcionarios públicos dados de baja en la institución.
El motivo principal de las bajas en la FGJ fue por renuncias, la mayoría ocurridas en el periodo en que la institución comenzó con su transición de Procuraduría a Fiscalía “se hace de su conocimiento que, se cuenta con 13 mil 159 registros de baja” indicó la Dirección de Presupuesto y Sistemas de Servicios Personales en la FGJ, Verónica Bautista, en respuesta a una solicitud de información.
El desglose de registros señala que en 2019 la FGJ tuvo mil 790 renuncias, la más alta del instituto. En 2020 la cifra fue de 677, en 2021 aumentó a mil 72, en 2022 hubo 958 y hasta noviembre de 2023 se registraron 883 bajas.
De esta manera el acumulado es de 5 mil 380 funcionarios que renunciaron a la administración de Godoy Ramos. Otros motivos que también acumulan un número considerables en el mismo periodo son las jubilaciones que acumulan mil 232; por defunción 383; por incapacidad física o mental permanente 263; así como las bajas por termino de nombramientos provisionales llegan a 534, entre otras justificaciones.
Por año, las bajas han llegado a rebasar las 3 mil por año. En 2019 hubo 2 mil 920 bajas; en 2020 bajaron a mil 738; en 2021 repuntaron a 2 mil 936; en 2022 fue el máximo general por año con 3 mil 278; y durante 2023 llegaron a 2 mil 254.
A nivel capitalino hubo un debate en la transición de Procuraduría a Fiscalía durante el 2019 y 2020 entre los partidos de oposición y el de Morena con sus aliados. Mientras que la reestructuración también motivó a una ola de renuncias antes de la integración de la renovada institución.
Tras el primer periodo de la FGJ con Ernestina Godoy al mando, presuntamente se terminaron la burocracia de la emisión de oficios, lenta investigación, casos privilegiados y abuso policial y métodos autoritarios, sin embargo, prevalecen críticas sobre la violación a derechos humanos, irrupción de la justicia en sus peritos y Ministerios Públicos, así como presuntos casos de espionaje a personajes opositores.
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