54 lecturas
ANTONIO ATTOLNI
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México, como máxima autoridad judicial, debe ser un bastión de la democracia y la legalidad, pero también un reflejo del poder soberano: el pueblo. Como diputado de Morena, estoy convencido de que la verdadera justicia solo puede emanar de la voluntad popular, no de las esferas del poder económico, mediático, criminal y menos aún del judicial cuando este se desvincula de su deber con la sociedad.
La reforma al poder judicial en México, en especial a la SCJN, no es solo deseable sino necesaria. Esta reforma debe centrarse en dos ejes fundamentales: la transparencia y la rendición de cuentas. En un país donde las disparidades sociales y económicas son marcadas, el poder judicial a menudo ha sido percibido como un ente distante, inaccesible y, en ocasiones, alineado con intereses ajenos al bienestar colectivo.
La transparencia es vital. Debe existir una clara visibilidad de las decisiones y procesos de la Corte. El acceso a la información sobre cómo y por qué se toman las decisiones judiciales es un derecho del pueblo. Esta transparencia fortalece la confianza en el sistema y asegura que las decisiones se basen en la ley y la justicia, no en intereses ocultos.
En cuanto a la rendición de cuentas, los miembros de la SCJN deben ser responsables ante el pueblo. Deben justificar sus decisiones y ser sujetos a evaluaciones periódicas de su desempeño. Esto no solo mejora la calidad de la judicatura, sino que también la acerca a la ciudadanía, asegurando que sus decisiones reflejen las necesidades y valores de la sociedad.
La crítica de que el poder judicial en América Latina a menudo detiene los procesos de cambio populares es, lamentablemente, una realidad palpable. En diversos países de la región, hemos visto cómo decisiones judiciales han frenado reformas sociales y económicas impulsadas por gobiernos progresistas. Esto se debe a la influencia de poderes fácticos que ven en el poder judicial un medio para perpetuar el statu quo.
Por tanto, la reforma del poder judicial en México es un paso esencial para garantizar que sea un verdadero instrumento de justicia y no un obstáculo para el cambio. La SCJN debe estar al servicio del pueblo, asegurando la justicia social, económica y política, y siendo un pilar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. El poder supremo debe residir en el pueblo, y las instituciones, incluida la SCJN, deben reflejar y servir a ese poder supremo.
