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JUAN R. HERNÁNDEZ
Una investigación realizada por el periódico El País, reveló que el conflicto por un cementerio podría “enterrar” las aspiraciones políticas para la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada: un viejo litigio legal que podría acarrear fuertes problemas para la precandidata única de Morena para la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.
La situación involucra la posesión de un cementerio disputado por grupos indígenas desde 2005, con la intención de utilizarlo de acuerdo a sus tradiciones ancestrales en un régimen comunitario.
Aunque la investigación señala que Brugada no fue la iniciadora del conflicto, su rol como ex Alcaldesa de la demarcación podría implicarla en el caso debido a su posición como “superior de la autoridad responsable” en la dirección jurídica de la demarcación.
Decisiones judiciales emitidas en 2018 y 2021 indicaron que las autoridades locales no cumplieron adecuadamente con un amparo, ya que el cementerio fue utilizado como un panteón civil de tradición católica bajo el control de la administración local, y no de acuerdo a lo acordado con la comunidad indígena.
El asunto ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su análisis. En caso de que el tribunal confirme la omisión por parte de las autoridades demandadas, Brugada podría enfrentar una inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta 10 años, como lo establece la Ley.
Aunque el equipo jurídico de la precandidata ha afirmado que Brugada no está directamente implicada en el incumplimiento, la Ley de Amparo establece su responsabilidad como “superiora jerárquica del director jurídico, aún cuando deje el cargo de Alcaldesa”.
El artículo detalla que entre 2008 y 2011, durante el mandato de Marcelo Ebrard como Jefe de Gobierno, se otorgó reconocimiento al barrio de Culhuacán como pueblo originario y se emitieron decretos expropiatorios para permitir a la comunidad indígena ocupar el terreno en cuestión. La responsabilidad de llevar a cabo la edificación del panteón comunitario recaía en la Alcaldía de Iztapalapa.
Sin embargo, en enero de 2016, la entonces Alcaldesa Dione Anguiano ignoró los decretos y se inició un litigio, con apoyo de autoridades del Gobierno de Ciudad de México encabezado por Miguel Ángel Mancera, para que el cementerio quedara bajo control de la Alcaldía Iztapalapa como panteón civil, en lugar de ser comunitario y controlado por los habitantes de Culhuacán.
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