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OMAR MONTALVO
Ciudad de México. – El gobierno de Azcapotzalco encabezado por la alcaldesa Margarita Saldaña, se encuentra investigado por su respectivo Órgano Interno de Control (OIC) ya que tal y como lo denunciaron habitantes de la demarcación durante el año pasado, la administración de la panista impuso la instalación de videocámaras de seguridad sin el permiso de la ciudadanía, ya que los recursos públicos utilizados estaban proyectados para otras iniciativas.
A principios del pasado mes de octubre, la Secretaría de la Contraloría General (SCG), notificó a la alcaldía Azcapotzalco que se llevará a cabo la investigación A-03/23 por parte del OIC. Las primeras observaciones que encontró dicha autoridad fiscalizadora fue por la “celebración de contratos con cargo al Presupuesto Participativo 2022 para la adquisición de bienes en materias de tecnologías de la información y comunicaciones, previo a la obtención de un dictamen técnico favorable”.
Los proyectos del Presupuesto Participativo son propuestos por la ciudadanía, son sometidos a una consulta vecinal organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y a varios dictámenes para finalmente ejercer los recursos públicos.
Otra observación que la Contraloría hizo fue que la compra ilegal de camaras de videovigilancia cuenta con errores en los importes. Asimismo ordenó al gobierno de Saldaña presentar los documentos que acrediten el reintegro de recursos y la evidencia fotográfica de los trabajos realizados equivalentes a 529 mil 453 pesos con la empresa INAR-JASA Asociadas S.A. de C.V.
Aunque, desde que en la alcaldía Benito Juárez su gobierno históricamente panista, impuso la instalación de camaras de vigilancia para el beneficio de empresas amigas, otras demarcaciones como Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, La Magdalena Contreras y ahora Azcapotzalco, han promovido que ganen este tipo de proyectos que se suman a sus respectivos cuerpos de seguridad Blindar BJ, MH, AO y Escudo Contreras.
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