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MARIO LÓPEZ
Estado de México.- El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México (INFOEM) y los Tribunales de Justicia Administrativa (TJA) “no sirven”, para generar la transparencia necesaria, solo sirve para darle trabajo a sus integrantes “y proteger a los poderosos”, sin combatir la corrupción, así lo considera jefe de Gabinete y Proyectos Especiales del Gobierno del Estado de México, Higinio Martínez Miranda.
El texcocano destacó que un nuevo sistema anticorrupción en la entidad evitaría que miles de millones de pesos se vayan a los bolsillos de funcionarios y particulares, y ayudaría a que el gobierno estatal disponga de ese recurso para obras y servicios públicos que se requieren.
Hoy en día, destacó, el INFOEM opera con cinco comisionados, quienes encabezan a por lo menos 70 funcionarios de alto nivel y 60 funcionarios más entre magistrados, y miembros de la Presidencia y Salas Regionales en el TJA, y que funcionan sin mayores resultados.
De igual forma se refirió a la sala especializada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que es el TJA, la cual también debe desaparecer porque se dedica a proteger a quien reparte más recursos económicos “a los poderosos”, y que sea el TSJ el que atienda los temas administrativos, además de los de carácter penal.
Martínez Mirando, destacó que “es obligación ética, moral y política: combatir de verdad, sin mentiras, la corrupción”, y en el actual sistema anticorrupción solo ganan los que trabajan ahí, que son decenas de funcionarios, “en el malamente llamado sistema anticorrupción”.
Indicó que los funcionarios y trabajadores del INFOEM y del TJA cobran una buena cantidad de dinero “sin hacer nada”, pues en los hechos son pocos los resultados en beneficio de la población.
MAS FACULTADES AL OSFEM
Higinio Martínez Miranda, se pronunció porque se fortalezca de forma legal al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), a fin de que asuma las funciones de transparencia y acceso a la información; de contralorías internas y los funcionarios que cometan delitos o faltas de todo tipo, puedan ser denunciados por las vías administrativa, civil y penal.
Finalmente propone que con un Tribunal de Cuentas, independiente de los poderes y “verdaderamente autónomo de los poderes”, todo servidor público municipal y estatal podrán rendir cuentas sobre su actuación pública y sobre el manejo de los recursos.
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