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JORGE GÓMEZ NAREDO
@jgnaredo
El domingo 22 de octubre habrá una marcha para “defender” al Poder Judicial. Quienes la convocan afirman que, al eliminarse 13 de los 14 fideicomisos de ese poder, se está atacando su autonomía, y -repiten- afectará no sólo la impartición de justicia y el “buen trabajo” que hacen jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino las condiciones laborales de los trabajadores de base.
El presidente niega que los trabajadores de base sufran afectaciones. Y respecto a la marcha, en su conferencia de prensa matutina del viernes 20 de octubre afirmó que deseaba lo mejor a quienes iban a marchar. Indicó el mandatario: “Y que les vaya muy bien a los de la manifestación del domingo. Y están en todo su derecho, y no hay represión”.
El mismo 20 de octubre, pero por la tarde, un juez en la Ciudad de México, ante un amparo presentado por una persona llamada Eduardo Lugo Salgado, concedió una “suspensión de plano” para que el presidente López Obrador “se abstenga de realizar expresiones que puedan contener un discurso de odio que incite a generar confrontación, ataque o violencia de cualquier tipo hacia los manifestantes del Poder Judicial de la Federación y acompañantes que asistan a la marcha del 22 octubre”.
Además, se indica que se concede la suspensión de plano “para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de inmediato de ejercer todo acto que tienda a vulnerar la integridad física de los miembros del Poder Judicial de la Federación, y en general de quienes participen en la manifestación que se llevará a cabo el 22 de octubre del año en curso en la Ciudad de México”.
Esto es un claro ejemplo de los excesos del Poder Judicial. El gobierno que encabeza López Obrador jamás ha reprimido a nadie. Y pedirle que se abstenga de hablar de la marcha es un atentado a la libertad de expresión.
El Poder Judicial no puede seguir actuando así. Urge una reforma.
