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ANTONIO ATTOLLINI
La política exterior de México se basa en principios sólidos del derecho internacional, anclados en la Constitución Mexicana. El Artículo 89, Fracción X, de la Constitución establece que el Presidente tiene la facultad de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, siempre respetando los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias y cooperación internacional.
El reconocimiento temprano del gobierno cubano tras la Revolución de 1959, a pesar de las tensiones con Estados Unidos, o los Acuerdos de Paz de Chapultepec (1992) que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador son dos ejemplos en donde los principios de autodeterminación y la solución pacífica de los pueblos han sido aplicados.
Esta es la histórica participación de México en el concierto de las naciones.
Estos principios constitucionales se han evidenciado en la postura de México en el conflicto judío-palestino. México, en línea con el principio de no intervención, ha abogado por una solución pacífica y negociada entre las partes involucradas, respetando el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Este enfoque se alinea con la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, que insta a Israel a retirarse de los territorios ocupados durante el conflicto de 1967 y reconoce el derecho a existir en paz y seguridad de todos los Estados de la región, incluido Israel, y el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
Además, México ha abogado por el respeto a los derechos humanos en la región, instando a todas las partes a evitar acciones que pongan en peligro la vida y la seguridad de los civiles, incluidos los niños. Esta postura se enmarca en el principio de igualdad jurídica entre los Estados, donde México defiende el respeto a las normas del derecho internacional humanitario.
En el contexto del conflicto judío-palestino, México ha mantenido un equilibrio diplomático, respetando los principios constitucionales y del derecho internacional.
Esta postura reafirma el compromiso del país con la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos en el ámbito internacional. No hay confusión posible respecto a la posición del Estado mexicano ni cabe la desinformación si se trata con honestidad y buena fe.
