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Encabezados por Edmundo Jacobo, fundaron la firma consultora Pénte + Soluciones
REDACCIÓN
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CIUDAD DE MÉXICO.-Cinco exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), que fueron criticados por estar en contra de la 4T, confirmaron que fundaron la firma consultora Pénte + Soluciones, que ofrece servicios, como derecho constitucional, administrativo y político-electoral.
Uno de los fundadores, Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del órgano electoral por casi 15 años (2008-2023), ratificó que desde la iniciativa privada brindará este tipo de servicios junto con algunos de sus exsubalternos. “Porque es nuestro derecho y haremos honor al mismo”, dijo desde su cuenta de Twitter.
A través de una carta de la consultora publicada en su nueva cuenta de twitter, los exfuncionarios del INE, Emilio Buendía Díaz, por cuatro años, jefe de la oficina del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova; Carlos Ferrer Silva, extitular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; Edmundo Jacobo Molina; Gabriel Mendoza Elvira, exdirector Jurídico del organismo, y Javier Naranjo Silva, exsecretario particular de Córdova, ratificaron la creación de su nueva empresa: “recientemente algunas voces han pretendido descalificarnos aduciendo que al dar este paso podría configurarse un conflicto de interés dada nuestra trayectoria como funcionarios públicos”.
“Conocemos el marco constitucional y legal que rige en nuestro país. Lo hemos defendido y aplicado rigurosamente. Ahora, en nuestro carácter de ciudadanos profesionales, nos seguiremos guiando en ese marco. Nos conducimos bajo los principios de legalidad, ética, honestidad, veracidad y el respeto a los derechos humanos, mismos que guiarán a Pénte + Soluciones, ante nuestros clientes”, dijo.
En el folleto publicitario se ofrecen 16 servicios, en este orden: amparo; contrataciones y licitaciones públicas; controversias constitucionales; procesos de entrega recepción; acciones de inconstitucionalidad; planeación, diseño e implementación de políticas institucionales; democracia sindical; responsabilidades de personas servidoras públicas, y género, violencia política, HASL y grupos vulnerables.
Asimismo, coaliciones y candidaturas; procedimientos administrativos sancionadores; derecho electoral; financiamiento y fiscalización; formación y normativa de partidos políticos.
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