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El actual ejercicio del poder judicial es lejano a la justicia y al derecho a la libertad y a la presunción de inocencia
Redacción
Grupo Cantón
CIUDAD DE MÉXICO. – De acuerdo a datos del INEGI, más del 75 por ciento de personas privadas de la libertad manifestó haber sufrido violencia, de las cuales el 64 por ciento refirió violencia física. Ante este panorama y a fin de corregir la actual procuración y administración de justicia, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín planteó hoy la creación de jurados ciudadanos ante el Congreso de la Ciudad de México.
De acuerdo con la propuesta de iniciativa para reformar y adicionar la Constitución federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, el morenista expuso la necesidad de democratizar la justicia, ya que el modelo actual tiene como resultado la impartición de justicia selectiva, con un alto grado de impunidad, corrupción, violación a los derechos humanos y total falta de transparencia.
En su intervención en tribuna, el diputado refirió hoy que el proceso al sistema inquisitivo comenzó durante la conquista española, y la figura del “santo inquisidor” se transformó en agente del Ministerio Público. Sin embargo, dijo, en el antiguo sistema inquisitivo el juez suplía las deficiencias del fiscal; y hoy no es posible.
“La realidad del sistema de justicia nos muestra que vivimos en una sociedad con un alto grado de impunidad y corrupción, que se refleja en la desconfianza en las instituciones de justicia. Es todavía más grave, que en muchos casos la misma autoridad es agresora o copartícipe, como se ha registrado en los casos donde madres que buscan a hijas o hijos desaparecidos han terminado asesinadas”, aseveró.
Macedo Escartín añadió que, aún más importante, es la cifra negra de los casos donde se fabrican delitos de manera dolosa, con vicios de procedimiento, errores de investigación, persecución policíaca, arbitrariedad y abusos de poder, y sin cumplir los términos del proceso.
“En tanto este sistema permanezca, no podrá abrirse el camino al verdadero desarrollo planteado en programas de gobierno, ni estado de derecho que dé certidumbre en el actuar del sistema penal, como merece la sociedad mexicana, luego de tanta inversión económica, análisis y discusiones”, indicó.
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