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Los delitos imputados por esta compra realizada en 2014, son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa
Redacción Basta
CIUDAD DE MÉXICO. – La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se investiga a cuatro exfuncionarios del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto por la contratación del software espía conocido como “Pegasus“, y al mismo tiempo descartó que la actual administración “no lo tiene”.
“La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), de la FGR ha integrado una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema Pegasus, para la entonces Procuraduría General de la República, todo ello en el año de 2014”, indicó en un comunicado la dependencia.
De acuerdo con la FGR, la contratación del software espía fue hecha por Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal; Judith Aracely “G”, exoficial mayor; Vidal “D”, extitular de la Policía Federal Ministerial; y Rigoberto “G”, exdirector de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.
Cabe señalar que Tomás Zerón se encuentra prófugo en Israel, a donde huyó luego de ser acusado de construir a base de mentiras y tortura la llamada “Verdad Histórica” en el Caso Ayotzinapa.
“Los delitos imputados son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa”, indicó la FGR sobre la compra de Pegasus en donde se destacó que el monto de la operación fue de 460 millones de pesos “por un sistema que no lo tiene esta nueva administración”.
Además, la institución dirigida por Alejandro Gertz Manero, aclaró que “nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República y que fue adquirido ilícitamente”.
Asimismo, la fiscalía informó que hasta este momento las dos carpetas de investigación abiertas son por la adquisición del equipo de inteligencia por parte de la entonces PGR durante el sexenio de Peña Nieto.
La segunda indagatoria es por un procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos.
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