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Sebastián Ramírez Mendoza
En 2019 el Gobierno de la Ciudad activó la Alerta por Violencia de Género, mecanismo que se fundamenta en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que consiste en una serie
de acciones de emergencia que los gobiernos deben adoptar para hacer frente a la violencia feminicida.
Desde entonces, cada mes la Jefa de Gobierno presenta un informe de avances y resultados junto a la Fiscal, Ernestina Godoy, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de las Mujeres, entre otras dependencias del Gobierno de local. Más de 20 entidades que han activado la Alerta y la Ciudad de México se encuentra entre las que más han logrado reducir la violencia contra las mujeres. Entre el 2019 y el 2022 las muertes violentas, ya sea por feminicidios u homicidios dolosos, se redujeron en un 31%. Lo anterior se debe principalmente a una buena coordinación institucional, y es que ahora las dependencias son ajenas entre sí.
En el diseño de todas las políticas públicas dirigidas a crear una ciudad más segura para las niñas y mujeres, intervienen quienes las legislan, quienes las ponen en marcha y también quienes persiguen los delitos relacionados a estas violencias. La Fiscalía de la Ciudad de México juega un papel crucial en la procuración de justicia, pues en este tiempo aumentó en 675% el número de órdenes cumplidas por tentativas de
feminicidio, y en 195% las órdenes cumplidas por feminicidios. Es decir, mientras este delito disminuye en nuestra Ciudad, la vinculación a proceso de los agresores aumenta.
Como lo ha mencionado la Fiscal, los feminicidios ya no se ocultan bajo otros tipos penales, por el contrario el protocolo de este delito se activa siempre que se tiene una muerte violenta de una mujer. Lo mismo es el caso de las diputadas de Morena en el Congreso local, que han legislado en iniciativas tan importantes como la Ley Olimpia para erradicar el acoso y la violencia digital, la Ley Ingrid para proteger la intimidad de las víctimas, o la Ley Vicaria, que sanciona la violencia física o emocional de las mujeres a través de sus hijos.
Es papel de todas y todos hacer frente a la violencia patriarcal, pero esindispensable que los gobiernos locales asuman su responsabilidad en el combate a la violencia que viven las niñas y mujeres en México.
