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Son autos nuevos, sin adecuaciones para labores de seguridad y los contratos, con empresas fraudulentas
Omar Montalvo
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, gastó de manera irregular 19.6 mdp en rentar autos para la seguridad de la máxima casa de estudios, con empresas involucradas en fraude, sin contar que esta área de vigilancia es inoperante por su nula preparación, ante las 1,175 quejas de violencia de género que existen, del 2019 a 2021, según la Defensoría de los Derechos Universitarios y Atención a la Violencia de Género (DDUAVG).
De acuerdo con los gastos públicos de la UNAM, la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria contrató en junio de 2019 a la empresa “Arrendomóvil SA de CV”, por 7 millones 732 mil 866 pesos, y en octubre de 2020 a LUMO Financiera del Centro SA de CV SOFOM ENR, por 11 millones 917 mil 468 pesos, ambos acuerdos comerciales para el arrendamiento de autos Vento Starline Triptonic, de VolksWagen.
La versión pública del contrato de 2019 especifica que se rentaron 33 autos nuevos, mientras que para 2020 involucró 36 unidades, pese a que el contrato de 2019 era válido por tres años. Asimismo, pese a que el área responsable fue Seguridad Universitaria, pidieron los autos en blanco y gris, como uso
particular, sin el balizamiento y las adecuaciones para labores de seguridad, pese a que ambas podían añadir torretas, radiocomunicadores y cámaras.
Ambas empresas han estado involucradas en prácticas fraudulentas. En 2020 la CFE a cargo de Manuel Bartlett, canceló un contrato con Arrendomóvil, por incumplir con la entrega de autos para labores operativas, y pese a las irregularidades que encontró la Secretaría de la Función Pública, en 2022 CFE volvió a contratarla, por lo que se presume que el acuerdo comercial es para beneficiar a la compañía.
Mientras que LUMO, pese a los fraudes conocidos, fue una empresa recurrente de la administración de Peña Nieto. Mantiene actividades comerciales con gobiernos municipales del PRI en SLP; de MC, en Jalisco; y del PAN, a nivel estatal en Chihuahua, ya que dicha empresa se ha prestado a ofrecer sus servicios a sobreprecio, financiar campañas políticas a cambio de contratos directos para favorecer a la arrendadora.
