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Salvador Guerrero Chiprés
En la justicia, la interpretación deficiente, dolosa o sin intención de un dictamen pericial suele conducir a la impunidad. Atajarla y evidenciarla es fundamental para favorecer a las víctimas y sus familias; en pocas palabras, hacer justicia frente al crimen.
En ese marco se ubica el dictamen revelado este lunes por la Fiscalía General de la República sobre la muerte de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue encontrado en la carretera a Tepoztlán el 31 de octubre: la mataron con un golpe contundente en la cabeza.
La primera necropsia de la Fiscalía de Morelos señalaba que la joven de 27 años había muerto por broncoaspiración, un dictamen que a priori descartaba el feminicidio —como lo dijo en un primer momento el fiscal Uriel Carmona— y trasladaba la responsabilidad a la víctima.
Otros estudios practicados por la Fiscalía de la CDMX, encabezada por Ernestina Godoy, llegaron a las conclusiones ahora revalidadas por la FGR y fueron base para la detención de dos sospechosos.
De haberse mantenido el criterio de la necropsia en Morelos, el caso estaría cerrado y los presuntos responsables libres.
La defensa de criterios errados desata suspicacia de encubrimiento y sus motivaciones. En diversos momentos, el Fiscal Carmona ha defendido el dictamen de sus peritos, aunque lo ha matizado hasta aceptar que hubo feminicidio.
La Jefa de Gobierno de la capital nacional, Claudia Sheinbaum, reiteró que el funcionario morelense encubrió la verdad y mintió, aseveración sostenida ahora por la información de la FGR.
En un sentido amplio, la justicia en el caso Ariadna requiere, además del justo castigo para los detenidos —Rautel y Vanessa, ya procesados por feminicidio—, erradicar prácticas que pudieron haber favorecido la impunidad y a quien o quienes las fomentaron.
